La reforma que incluyó en la Constitución la obligación de ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y del gobierno de expedir la cédula de identidad se realizó en 1990, todavía en plena vigencia del presidencialismo metaconstitucional mexicano y sin discusión pública de por medio, sino como simple expresión de la voluntad del titular del Ejecutivo, cuyos deseos eran satisfechos por el Congreso.
El precedente es importante porque en torno al documento, que hoy vuelve a estar en el centro de las discusiones, hay por lo menos cinco debates pendientes: uno, sobre la pertinencia del mismo; y en caso de que se acredite la misma se abren otros cuatro debates: uno, sobre la autoridad encargada de emitirlo; dos, los datos biométricos que debe contener; tres, las garantías que se brindarán en torno a la custodia de la bases de datos; y, cuatro, sobre la unificación de dicho registro con el registro electoral.
La cédula o carnet de identidad es común en los países latinoamericanos y algunos países europeos; pero no en los anglosajones, ni Estados Unidos ni el Reino Unido lo tienen y aunque a raíz de la guerra contra el terrorismo aumentaron las propuestas para adoptarlo, los grupos defensores de la privacidad de las personas siguen ganando la batalla y todavía no se establece.
En general en los países más liberales hay una oposición a la instauración de la medida, pues se considera que vulnera las garantías personales. Quienes abogan en su favor señalan que su adopción permite contar con un documento único que acredite fehacientemente la identidad de la persona y esto abatirá los delitos de fraude, robo de identidad e inclusive el tráfico de personas y, particularmente, menores de edad, también agilizará trámites y evitará discriminación y duplicidades en el otorgamiento de los derechos sociales, entre otras cosas.
En México, este debate se obvió porque en 1990 la ciudadanía todavía era menos tomada en cuenta que hoy. A pesar de ello hoy está en la Constitución y, también sin discusión pública, en la Ley General de Población se estableció que será la Secretaría de Gobernación, la entidad encargada de emitirlo. Los datos que debe contener el Registro y el documento que se expida para acreditar la identidad se encuentran en el Reglamento a dicha ley y por ello Felipe Calderón los modificó, también sin discusión y sin siquiera consultar al Congreso, mediante decreto publicado en el Diario Oficial el pasado miércoles. Antes se requerían fotografía del rostro y una huella dactilar; hoy, diez huellas dactilares, fotografía del rosto e imagen del iris, es decir, más elementos de identificación de los que se toman para fichar a delincuentes.
El tema de la entidad responsable de emitir la cédula ha suscitado debate porque se mezcla con el electoral, dado que hasta hoy la credencial para votar con fotografía, emitida por el Instituto Federal Electoral, ha fungido como la identificación oficial por excelencia y la emisión de una nuevo documento tendría dos impactos negativos: duplicaría costos para el erario público y molestias para el ciudadano, que tendría que realizar dos trámites; y reduciría el nivel de cobertura y actualización del padrón electoral, con impactos directos sobre el financiamiento públicos que reciben los partidos políticos, dado que hoy el monto se calcula en función del número de ciudadanos inscritos en el mismo, y el porcentaje de ciudadanos que acudirían a las urnas.
Aunque la discusión sobre las repercusiones en los procesos electorales ha estado de alguna manera presente por lo señalado en el párrafo anterior, debe considerarse más a profundidad, pues durante años el fraude electoral se gestó en el padrón electoral y el documento que validaba dicho registro. Los recuerdos de los fantasmas, rasurados y ratón loco, entre otros, todavía están muy frescos en las memorias porque estuvieron presentes en las elecciones hasta la primera mitad de la década de los noventa.
Y el tema de los datos biométricos surgió porque de inmediato el Instituto Federal de Acceso a la Información reparó en que basta con un solo dato biométrico, pero no los 12 que hoy se pretenden recabar: diez huellas dactilares, imagen del iris y fotografía del rostro. La presidenta del organismo, Jacqueline Peschard, acaba de reiterar, de acuerdo a una nota publicada, el pasado jueves 20 de enero en el periódico El Universal: "huellas y además iris es excesivo. Lo que está planteando Gobernación es que lo que da mayor certeza, sobre todo en menores, es el iris porque ése no cambia; en cambio, las huellas dactilares sí cambian y la fotografía, pues por supuesto que cambia, entonces por eso es importante que haya".
Junto a esto algo se comenta sobre el resguardo de las bases de datos, pero hasta hoy no se da ninguna garantía de su confidencialidad y nuevamente la realidad nos condena, pues todas las bases de datos, como sucedió con el Renaut, terminan comerciándose libremente.
Por todo esto, es preocupante que mañana lunes 24 de enero se inicie el procedimiento de registro de menores en las escuelas de Baja California, pues a pesar de que la reforma se realizó hace más de dos décadas su trascendencia, implicaciones y repercusiones requieren una discusión pública (con participación ciudadana) que no se ha dado y conduzca, en caso de que se construya el consenso para proceder a implantar la cédula de identidad, a la instauración de las medidas que garanticen su confidencialidad y buen uso, lo que hoy no sucede.