Democracia. María Elena Pérez-Jaén Zermeño, comisionada del IFAI. NOTIMEX
Cualquier estado que se precie de ser democrático debe rendir cuentas y evitar injerencias arbitrarias o ilegales en el uso de los datos o la información privada, aseguró María Elena Pérez-Jaén Zermeño, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Al participar en el seminario sobre Acceso a la Información Pública y Protección de Datos; la protección de datos en las cédulas y documentos de identificación de los ciudadanos, en Guatemala, la comisionada destacó el avance de México en la materia, lo que lo ha colocado como referente internacional.
Pérez-Jaén presentó la ponencia "El derecho de acceso a la información en México", en la cual explicó los beneficios, problemática, resistencias y retos en el ejercicio de estos derechos.
Ante representantes de España, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Nicaragua, dijo que se fomenta la participación social a través de una sociedad mejor informada.
"Por medio del acceso a la información ha sido posible detectar actuaciones deficientes del gobierno e incompetencia administrativa", afirmó.
Sobre los problemas que tiene que enfrentar esta normatividad, acusó que se están generando prácticas burocráticas para eludir solicitudes y que no se ha logrado que la transparencia sea un valor institucional.
Tampoco, explicó la funcionaria, se ha logrado arribar a la rendición de cuentas y no existe una vinculación del derecho de acceso a la información con un sistema efectivo de responsabilidades, sanciones y de rendición de cuentas.
Sobre las resistencias, habló de la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para dar a conocer la lista de beneficiarios con la cancelación de créditos fiscales; la invasión de competencias del IFAI por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); las declaraciones de inexistencias a solicitudes de información dentro de las dependencias y entidades de la administración pública federal y el lento cumplimiento a las reformas legales derivadas del artículo sexto constitucional.
