Aparte de los frecuentes cuestionamientos a que se someten entre sí los propios exponentes de las empresas de comunicación, los medios mexicanos y sus operadores están siendo sometidos también a un escrutinio cotidiano por sus audiencias y sus fuentes, que les exigen cuentas de sus comportamientos informativos y editoriales.
Y eso no puede sino traer buenos rendimientos en la empresa, de elevar la calidad de la esfera pública, misma que a su vez depende de la calidad de la información y de las deliberaciones de los medios.
Lo estamos viendo en EU: los espacios mediáticos liberales han hecho un seguimiento riguroso de las frecuentes distorsiones informativas de los medios conservadores, como Fox News y algunas estaciones radiales, mientras que los espacios conservadores como el Wall Street Journal han rebatido con argumentos atendibles la real o supuesta precipitación de The New York Times y otras tribunas liberales, al establecer un vínculo entre el discurso político conservador, incendiario y cargado de odio, y la matanza de Arizona.
Un primer veredicto de las audiencias podría estar en la encuesta publicada ayer por el Washington Post en la que, ciertamente, los estadounidenses, de una manera abrumadora, consideran negativo y al borde de la ira el tono alcanzado por el discurso político que divulgan los medios en su país. Sin embargo, más de la mitad no está de acuerdo con que la cultura y los discursos políticos tóxicos hayan contribuido a la matanza de hace 10 días en Tucson.
En México sube de tono el debate entre los espacios mediáticos -significativamente La Jornada y Proceso- que han alentado el movimiento "No más sangre" de un grupo de cartonistas, y quienes les reprochan una filiación política que los lleva a cerrar filas no contra las bandas criminales, sino contra el gobierno y su partido.
En este caso no hay que esperar el veredicto de la opinión pública, porque el movimiento de los caricaturistas tuvo como punto de partida un veredicto social previo cada vez menos aprobatorio de la estrategia del gobierno contra el hampa.
Pero están también los actores públicos con visibilidad mediática y su propia lista de reproches a los medios. El panista Diego Fernández de Cevallos afirmó antier que la imagen de poseedor de una fortuna incalculable que le construyeron declarantes y medios, le provocó haber sido elegido por sus captores para el secuestro de que fue víctima. También condenó la invocación de fuentes anónimas por El Universal y La Jornada para dar por hecha su liberación días antes de que ocurriera, lo que habría puesto en peligro su vida en cautiverio. A su vez, el perredista gobernador de Guerrero publicó dos desplegados, uno el viernes en Milenio, y otro el lunes en Reforma, en los que le atribuyó móviles económicos a las acusaciones que se le hacen en el noticiario de Radio Fórmula que conduce Joaquín López-Dóriga. A falta de argumentos, el insulto le respondió el periodista.
DAR LO QUE SE RECLAMA Todas éstas parecen señales que apuntan a un cambio en la relación de los medios con sus lectores y audiencias y con sus fuentes. Los reclamos de transparencia y de poner fin a la impunidad, que los medios enderezan cada día a los poderes, se vuelven también hacia los medios, enfrentados hoy a audiencias críticas y a actores públicos menos dispuestos a aceptar pactos de silencio frente a los excesos de nadie.
Como legítimos vigilantes de los poderes públicos, escrutadores de las conductas sociales y administradores de la reputación de los demás, los medios tienen ahora ante sí audiencias y fuentes cada vez más dispuestas también a vigilar a esos vigilantes, a someter a escrutinio a esos escrutadores y a poner a prueba la reputación de quienes administran otras reputaciones. Ojalá y los medios mexicanos respondan a este reto, fortaleciendo aquellas, sus funciones legítimas, no por la vía de descalificar a sus críticos, sino asumiendo y corrigiendo sus propios errores y desviaciones.
