Buena parte de la clase política patina para negar una guerra que diezma a los periodistas y defensores de derechos humanos.
Los últimos conteos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) provocan escalofríos. Entre 2000 y 2010 los periodistas padecieron 597 agresiones además de los 88 asesinados o desaparecidos. La misma persecución padecen las y los defensores de derechos humanos. La comunidad internacional está alarmada porque estos grupos son indispensables para proteger víctimas civiles y lograr que funcione la democracia. Por espacio, concentro el texto en el caso de los periodistas.
En las estadísticas de la CNDH 75% de las agresiones son contra la prensa escrita y sólo 8% afecta a los colegas de las televisoras. Esta diferencia podría deberse a que la letra impresa sigue siendo el principal instrumento para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. En las décadas de la transición, la oposición prosperó y la libertad creció porque periódicos como Excélsior, Diario de Yucatán, El Norte, El Siglo de Torreón y El Dictamen de Veracruz asumieron riesgos y pagaron costos. Sorprende, por tanto, la actual indiferencia de quienes gobiernan porque hacen todo lo posible por evadir su responsabilidad. Ello se hizo evidente el pasado fin de semana.
El sábado 12 de marzo Reforma destacó una nota de sus corresponsales en Guerrero, Jesús y Héctor Guerrero. En ella se informaba que Fernando Reina Iglesias, regidor del Partido Verde en Acapulco utilizó un helicóptero de la Secretaría de Salud en Guerrero, gobernado por el PRD, para esquiar a pie desnudo a 240 kilómetros por hora en una bahía acapulqueña. Las piruetas del presunto ambientalista aparecen en un video de un minuto (puede consultarse en www.sergioaguayo.org). Dado que aquel estado se desangra por la violencia criminal y que utilizaron un aparato que debía estar trasladando enfermos ¿les fincarán algún tipo de responsabilidades a los funcionarios de ambos partidos?
El domingo 13 de marzo La Jornada publicó un texto de Sanjuana Martínez sobre un día en la vida del general en retiro, Carlos Bibiano Villa Castillo, cuando era director de Seguridad Pública de Torreón. El general Villa no se anduvo por las ramas: "para rescatar Torreón [del crimen organizado] hay que meterle huevos [...] los correteamos y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal". Al día siguiente renunció para irse con un cargo parecido a Quintana Roo.
En las dos historias aparece la frivolidad de unos, la brutalidad de la guerra y la forma en que periodistas y medios impresos toman riesgos para informar. Las burocracias federales actúan como si no hubiera emergencia. Desde 2008 Gobernación evalúa la conveniencia de un mecanismo de protección para periodistas. Reuniones van y vienen con otras dependencias (en particular con la CNDH y Procuraduría General de la República). Los resultados son magros. A lo sumo unas cuantas medidas cautelares de dudosa eficiencia. El grueso de su tiempo parecen dedicarlo a reñir por el control del proceso. En noviembre de 2010 finalmente firmaron un convenio el poder ejecutivo y la CNDH, pero cinco meses después ni se conoce su reglamento interno ni han integrado a los organismos de la sociedad civil que insisten en que se atienda el problema.
Los organismos civiles sí tienen propuestas claras y articuladas. El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo XIX, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, están proponiendo un mecanismo único de protección para los diversos grupos vulnerables en cuyo diseño han participado organismos colombianos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tantos retrasos de quienes gobiernan tienen como trasfondo la reticencia a asumir las consecuencias de que algunas partes del país viven una emergencia que exige poner como máxima prioridad salvar el mayor número posible de vidas. Prefieren patinar sobre la superficie de los problemas que los rebasan pese a que su desidia tiene un costo en vidas.
Los organismos de la sociedad civil que protegen a migrantes de otros países también se han organizado y, encabezados por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, proponen una medida concreta para frenar las extorsiones, los abusos y los asesinatos: otorgar visas temporales de protección para los transmigrantes. Como eso enfurecerá a Washington porque les permitirá acercarse a la frontera con Estados Unidos, ¿sabrán nuestros políticos darle primacía al derecho a la vida?
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Sergio Aguayo Quezada
Agradezco las sugerencias de Brisa Maya de Cencos.
