El sábado 28 de mayo algunos medios de comunicación masiva difundieron la noticia de que el Instituto Federal Electoral se prepara para enfrentar la inseguridad, presente en México, en los comicios presidenciales del próximo año. De acuerdo con declaraciones del coordinador de asuntos internacionales del IFE, realizan talleres con invitados internacionales para analizar la experiencia de otros países que han vivido experiencias semejantes.
La sola aceptación franca y abierta de que hay que hacerse cargo de ese problema es un gran avance. Sin embargo, no basta; hay que estar muy claros de que la situación mexicana es muy particular y quizá los únicos países que hayan vivido situaciones similares sean Colombia y algunos de los países centroamericanos, pues la situación es muy distinta cuando se vive en medio de un conflicto armado franco y declarado, como puede ser una guerra civil o una invasión extranjera.
Hace poco en una reunión con colegas periodistas, uno de ellos traía a la mesa los comentarios de un corresponsal de guerra, con amplia experiencia en la cobertura de este tipo de eventos, y su experiencia en el norte de Tamaulipas y señalaba que el corresponsal señalaba que no había punto de comparación entre cubrir una guerra y lo que sucede en esa zona de México, que los riesgos son mucho más altos en nuestro país. Puntualizaba que las grandes diferencias estriban en que en una guerra se conocen los territorios en poder de las distintas fuerzas y también los llamados territorios francos, es decir, uno tiene conocimiento de dónde puede moverse libremente y dónde no debe ingresar. También se sabe con certeza de quién cuidarse y normalmente se cuenta con el resguardo de alguna fuerza pública.
Nada de esto sucede en México se sabe que hay territorios de mayor riesgo, pero no se conocen zonas francas; en estos momentos, en varios estados del país, las fuerzas de seguridad no pueden garantizar la seguridad de ninguna persona e, incluso, hay que tener mucho cuidado de no ser confundido, encontrarse en un fuego cruzado o simplemente ser víctima de sus abusos.
Manuel Carrillo Poblano, titular de la dependencia que inició este proceso, señala que se iniciaron charlas con las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y Marina, así como, la Procuraduría General de la República, para abordar aspectos como la ubicación de casillas, resguardo de materiales electorales y vigilancia de instalaciones. Vale la pena señalar que los dos últimos siempre se realizan, es decir, no es ninguna novedad, así que el único tema nuevo que se está abordando es el de la instalación de las casillas, en el cual desde luego los responsables de las fuerzas de seguridad tienen mucho qué aportar.
Sin embargo, los mayores problemas no se encuentran en estos aspectos, sino en otros: primero y de manera enfática, en la infiltración del crimen organizado por tres vías: uno, la participación de sus integrantes como candidatos a los puestos de elección popular, es decir, el que los integrantes del crimen sean candidatos a puestos de elección popular, tal como sucedió, y sucede todavía, en Colombia; dos, que impongan a candidatos, no propiamente miembros de sus organizaciones, pero con los que hay acuerdos previos de omisión o complicidad; y tercero, a través del financiamiento de las campañas electorales.
Esto sin tomar en cuenta las posibilidades que tienen de incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos a través de dos vías: una, las facilidades u obstáculos que les brinden a los candidatos para realizar sus campañas; y dos, las presiones que ejercen sobre los electores, para votar a favor o en contra de los distintos candidatos.
En las elecciones para renovar la gubernatura de Tamaulipas en 2010, los cárteles incidieron en la selección del candidato (o candidatos, si se incorporan las elecciones de diputados y alcaldes) y aunque ellos no lo hayan seleccionado, si eliminaron a los que no les resultaban cómodos por cualquier razón; impusieron las reglas para la realización de las campañas electorales, pues había amplias zonas del territorio de Tamaulipas donde unos candidatos no podían entrar y otros sí; impusieron condiciones a la cobertura que los medios de comunicación realizaron de las campañas y basta revisar el número de periodistas muertos, desaparecidos o agredidos durante ese periodo; y, finalmente, permitieron que se celebraran unos comicios en medio de un pánico generalizado.
Esperemos que en Michoacán no haya pérdida de vidas que lamentar, pero todo indica que también en dicha entidad los cárteles impondrán condiciones para las elecciones del próximo noviembre, de hecho eso fue lo que motivó que se planteara la posibilidad de un candidato único, en franca violación de los principios democráticos, pues la ciudadanía sería marginada de la posibilidad de elegir.
Hay que admitirlo, asumirlo y enfrentarlo: la inseguridad y el poder de los cárteles sí generan graves riesgos para las elecciones presidenciales del 2012. El IFE, incluyendo al Consejo General y a las direcciones ejecutivas responsables de las actividades sustantivas (Registro Federal de Electores -por cierto en manos de un encargado de despacho-, Organización Electoral, Capacitación Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos y quizá ahora la Unidad de Fiscalización), ya deberían estar ocupados de estos asuntos; pero también deberían estar varias dependencias federales, que deben garantizar la existencia de condiciones adecuadas para la celebración de comicios. Pero, al menos, el tema ya está en los medios masivos de comunicación.
