Los sheriffes de la montaña

Este es un juicio por narcotráfico. Pero no se trata de un juicio común, rutinario. Aquí no hay abogados con saco ni pantalón de vestir. No hay jueces que presuman grados académicos o que miren con desprecio un pesado expediente. Los cinco acusados tampoco cumplen con el estereotipo del narcotraficante mexicano. Son flacos, casi desnutridos. Todos tienen el cabello corto, muy corto. No presumen sombrero ni cadenas de oro. Cuatro van descalzos. Los cinco están esposados. Miran al suelo. Frente a ellos se colocaron los 33 paquetes de marihuana que transportaban. También, frente a ellos, hay una multitud mirándolos fijamente.

Es un sábado caluroso. 5 de noviembre de 2011. La cancha de basquetbol sin muros y techo de láminas es la sede de este juicio-asamblea regional que reúne a gente de 70 comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero. Hombres y mujeres de todas las edades están aquí, en Santa Cruz del Rincón, para decidir qué pasará con los cinco detenidos. También llegaron para algo más: hablar de cómo blindarán a sus pueblos del narcotráfico y la cascada de males que trae consigo.

Hace más de tres lustros, en este mismo pueblo, Santa Cruz del Rincón, habitantes de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero se reunieron por primera vez en una asamblea. En ese entonces no era el narcotráfico lo que les preocupaba. Sus pesadillas las ocasionaban los hombres que ponían retenes para asaltar y violar a las mujeres. Para enfrentar a quienes les robaban la calma decidieron tener sus propias policías y cuidarse entre comunidades.

El 15 de octubre de 1995 nació la Policía Comunitaria. Su parto se preparó con dos asambleas regionales previas. Su acta de nacimiento es una hoja que incluye los nombres de los 23 pueblos fundadores de este experimento que era visto por muchos con escepticismo.

Hoy ya no es un experimento. Más de 700 policías comunitarios -que no reciben sueldo- cuidan una región (73 comunidades de 12 municipios) en donde viven cerca de 300 mil personas.

Vicente Aguilar Díaz, de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, fue uno de los primeros en ser policía comunitario: "Al gobierno ya no le teníamos confianza, porque mandaba al Ejército, ponía su destacamento dos, tres días, se levantaban y se iban. Y nosotros volvíamos a quedar igual. Llamamos a los de la Judicial, decían que iban a conseguir un vale de gasolina. Se daban la vuelta y jamás volvían a aparecer. Y uno desesperado por los asaltos". Para tener a los policías comunitarios, los pueblos recurrieron a los usos y costumbres. En estas tierras de indígenas mixtecos y tlapanecos todos los hombres que son comuneros tienen obligaciones con su pueblo. Desde 1995 se sumó una más: ser policía comunitario.

Cada pueblo elige a 12 hombres para que durante un año o tres -eso depende de cada comunidad- dediquen parte de su tiempo a ser policía. Así que además de cosechar y trabajar en sus labores de siempre, tienen que realizar rondines por los caminos, responder si alguien solicita su presencia y si una comunidad vecina tiene un problema deben acudir.

En la asamblea de 1995 también se acordó que cada pueblo compraría las armas que se darían a los nuevos policías. "Hubo personas que compraron su arma, su riflito. El que tenía más posibilidad se compró su escopetita de un tiro. Yo alcancé a comprarme un 22 de varilla. Con eso ya le entramos", recuerda Vicente. Y con esos viejos fusiles, siguen. Sólo algunos, muy pocos, cargan armas que sí intimidan.

En la cancha de basquetbol sin muros y con techos de lámina, la multitud escucha cómo fue la detención de los cinco acusados de narcotráfico. El 13 de octubre de 2011, los policías comunitarios encontraron a cuatro hombres que viajaban en una camioneta y se miraban sospechosos. Al revisar el vehículo hallaron 33 paquetes de marihuana. Un día después detuvieron a uno más que les preguntó: "¿quién es el comandante a cargo? ¿Dónde tienen los detenidos?". Él vive en el estado de México, según su credencial de elector.

Cuatro de los cinco acusados son indígenas mixtecos. Nacieron en Cochoapa El Grande y Metlatonoc, los dos municipios que sobresalen por tener los niveles de pobreza y marginación más altos de México y por ser expulsores de migrantes. Uno de ellos confiesa a los reporteros que "los patrones" que los contrataron les iban a pagar 800 pesos por llevar la carga a Tlapa. Durante los primeros años, los campesinos enfundados como policías de sus pueblos detenían a quienes cometían un delito y los llevaban al Ministerio Público. Ahí miraban cómo liberaban al detenido por falta de pruebas o porque había dinero de por medio. Lo peor, cuentan, es que los delincuentes regresaban con ganas de vengarse.

Hartos de comprobar que la ley sólo existía para quienes podían pagarla, crearon su propio sistema de justicia en 1998. En él no existen ministerios públicos, fianzas, abogados ni jueces. Quienes juzgan son las autoridades comunitarias. Tampoco existen conceptos como "purgar una condena", aquí se habla de "reeducación". Quien comete un delito es "reeducado": por las noches duerme en una celda y por el día trabaja para la comunidad, fabricando tabiques de adobe o haciendo zanjas para el drenaje. Y los domingos, por la tarde, escucha los consejos de los más ancianos de la comunidad.

El tiempo de la "reeducación" depende de la gravedad del delito.

-Aquí los delincuentes dejaron de ser un negocio. En otros lados, donde no hay Comunitaria, los delincuentes son un negocio para los jueces, los abogados. Y claro, todo se resuelve con dinero; el que tiene dinero paga y se va. En el sistema de justicia comunitario el que la debe, la paga-, dice Cirino Plácido, fundador de la Policía Comunitaria y comisario de Buenavista.

En los pueblos donde funciona el sistema de seguridad y justicia comunitaria hay dos tipos de delitos: sencillos y graves. Cirino da un ejemplo de un delito sencillo: "Si alguien se gastó el dinero en una borrachera, llega a la casa y no quiere comer tortilla, exige mole, pollo. Se pelea con la mujer. Ese es un delito sencillo".

Las amenazas, las lesiones graves, el asalto, el secuestro, el asesinato, la violación y sembrar, consumir, vender y transportar droga son "delitos graves" y son tratados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), organización cuyos integrantes son designados por la comunidad.

En el sistema de justicia comunitario, los detenidos pueden ser defendidos por sus familiares. Por eso, en la asamblea regional se da la palabra a dos mujeres. Una es la madre de dos acusados. La otra llegó para defender a su esposo y a su hijo:

-Ellos estaban cargando leña y les pidieron que les ayudaran a subir unos paquetes a una camioneta. No sabían qué traían los paquetes... -la mujer habla en mixteco y aunque la mayoría entiende, un hombre traduce al español.

-Quiero llegar a un acuerdo con ustedes. Si mis hijos cometieron esos errores, ustedes me pueden ayudar -dice en español la otra mujer. Minutos después, me cuenta que ella y sus hijos son migrantes. Que tenían unos días de haber regresado de los campos de Culiacán, que volvieron a su pueblo para pagar una deuda y pensaban irse para seguir su travesía en Colima, donde trabajarían en la pizca de pepino. También dice que un abogado de Acapulco la buscó y la llevó a presentar una demanda de amparo. Que después ya no supo nada más de él. "Si ellos lo hicieron, entonces prefiero que se queden aquí, que los juzguen con esta ley y que no se los lleven para Acapulco, porque yo no tengo dinero para irlos a ver allá ni para pagar un abogado".

Después de escuchar a las madres, se pregunta a la multitud si alguien quiere hablar. Más de diez levantan la mano, uno de ellos es el sacerdote Mario Campos.

-Esta es una forma de hacer justicia. Es una justicia pública... Si cayeron en un delito somos corresponsables. ¿Qué oportunidad les ha ofrecido la sociedad? Yo los veo y no veo que sean gente pudiente.

Entre los que escuchan está Ramón Almonte Borja, Secretario de Seguridad Pública de Guerrero. Él pide que se entregue a los detenidos a las autoridades federales o estatales. Les recuerda que la policía comunitaria no tiene armamento para combatir a narcotraficantes, que no es lo mismo detener a un asaltante que a un miembro de la delincuencia organizada. Pero aclara: "respetaré la decisión que tome la asamblea". Y reconoce: "en la región donde funciona la Policía Comunitaria están los índices delictivos más bajos del estado".

Cuando nació la Policía Comunitaria, y durante buena parte de su historia, muchos levantaron la ceja con preocupación. No veían con buenos ojos que los indígenas se armaran y buscaran la justicia a su manera. La desconfianza era mayor porque una de las tres bases de la Policía Comunitaria está en San Luis Acatlán, donde nació Genaro Vázquez, líder guerrillero de los setenta.

"Se nos ha acusado de todo", -relata Pablo Guzmán, miembro de la CRAC- "Se nos ha dicho que somos narcos, guerrilleros. Nosotros hemos demostrado que nuestro proyecto es justo. Las comunidades lo único que quieren es seguridad, trabajo, paz. Eso es lo que quieren, no hay un ánimo de sublevarse."

La Policía comunitaria vivió una de sus épocas más difíciles de 1999 a 2003. En esos años llegaron a tener hasta 40 órdenes de aprehensión en contra de policías, comandantes y miembros de la CRAC. Fueron acusados de "privación ilegal de la libertad" y "abuso de poder". Las denuncias las presentaron los mismos detenidos o sus familiares.

Los cinco hombres juzgados el sábado 5 de noviembre escuchan la decisión de la asamblea: se quemará la marihuana enfrente de las autoridades y los detenidos no se entregarán al Ejército ni a la Policía estatal, tampoco a la Procuraduría General de la República. Serán reeducados en territorio comunitario. ¿Cuánto tiempo? Aún no se sabe, porque "hay que seguir investigando, porque en sus declaración hay contradicciones y tienen diferente grado de participación", dice Pablo Guzmán. Durante 15 días trabajarán en un pueblo, después serán llevados a otro, donde también laborarán durante dos semanas. Y así recorrerán varias comunidades de la región hasta cumplir el tiempo que se les imponga. Será entonces cuando se les liberará en una asamblea en su comunidad y se informará que ya pagaron por su error. Con este juicio por narcotráfico, un juicio que no es común, la Policía comunitaria comenzó una nueva etapa.