La Central Campesina Cardenista (CCC) iniciará la próxima semana una campaña nacional para consagrar los derechos a la alimentación, agrícolas y humanos plasmados en la Constitución, ante la realidad de que más de 19.5 millones de mexicanos se alimentan una vez al día y cerca de 7 millones de jornaleros agrícolas viven en la explotación laboral.
Max Correa Hernández, dirigente de la CCC, precisó que en el marco del Foro Regional "Otro Campo es Posible", por celebrarse el 25 de mayo próximo, la organización que encabeza comenzará los cabildeos legislativos a nivel nacional para que los congresos estatales aprueben las reformas al artículo 4 y 27 que otorga a los mexicanos su derecho a la alimentación.
Mencionó que con 16 estados de la República que se sumen, vía congresos locales, a estas reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Senado y en la Cámara de Diputados, se podrá promulgar por parte del presidente Felipe Calderón dicha ley y publicarse inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación.
Indicó que lo anterior es urgente por lo que la CCC impulsará dicha aprobación en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, ya que esa central tiene ahí legisladores locales, mientras que otras organizaciones harán lo suyo en otras entidades federativas, pues hay más de 19 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, de los cuales 5.5 se han sumado en la presente administración federal.
Por lo que respecta a los derechos agrícolas, el dirigente campesino indicó que la lucha será para que se hagan adiciones legislativas a las recientes reformas que dieron mayores atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reconocieron algunas garantías como derechos humanos, como es el caso de los derechos laborales.
Resaltó que ni en la Constitución, ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están contemplados los derechos agrícolas de los campesinos y jornaleros, quienes son víctimas de despojo de tierras o explotación laboral por parte de las grandes agroindustriales.
Detalló que la defensa de los jornaleros agrícolas es prácticamente imposible pues la Secretaría del Trabajo no les reconoce relación laboral y la Procuraduría de Defensa del Trabajo hace caso omiso de este sector.
En tanto, la Procuraduría Agraria, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria se preocupa más por privatizar la tierra ejidal, dejando de lado la explotación de los jornaleros en campos agrícolas de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Jalisco, Guanajuato y Baja California.
