Tragedia. Tras el siniestro en la guardería ABC, el ayuntamiento de la ciudad de Hermosillo, Sonora, construyó un mausoleo en memoria de los niños muertos por el incendio.
Hace dos años, su hijo Andrés Alonso García murió a causa del incendio de la guardería ABC, al igual que 48 de sus compañeros. Hace dos años que José Francisco García Quintana, químico en alimentos, se convirtió en activista. Su lucha es por conseguir justicia. "Sin justicia no podemos tener paz", dice. Su lucha también es porque "nunca más se vuelva a repetir un ABC".
José Francisco García Quintana dirige hoy el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, asociación civil en la que participan varios de los padres de los 49 niños que fallecieron por el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, así como algunos cuyos hijos quedaron con lesiones.
Estos padres, además de "andar empujando para que exista justicia", impulsaron la creación de la Ley General de Instancias Infantiles, que fue aprobada por el Senado el 29 de abril, pero aún espera su discusión en la Cámara de Diputados para que pueda ser ratificada y entre en vigor.
En su búsqueda de justicia, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio ha impulsado tres juicios ciudadanos, dos de ellos se realizaron en Hermosillo, y en ellos se juzgó a los dueños de la guardería ABC y a diversas autoridades de Sonora. El tercero se realizó el 29 de mayo pasado en el Zócalo capitalino.
Ahí, un grupo de ciudadanos consideró que el Estado mexicano era culpable de la tragedia, por no realizar acciones necesarias para prevenirla, ya que desde 2005 un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solicitaba que se cambiaran la lona y los plafones de la guardería por ser altamente flamables. Además, pedía que se habilitaran las salidas de emergencia. Los requerimientos nunca se cumplieron. También se declaró al Estado culpable por "la denegación de acceso a la justicia a las víctimas", señaló la sentencia ciudadana.
DOS AÑOS, DOS DETENIDOS A dos años del incendio en la guardería subrogada del IMSS, hay ocho procesos judiciales en marcha, tres federales y cinco locales, y sólo dos personas en prisión: la coordinadora zonal de guarderías, Yadira Barrera, y el ex delegado del IMSS, Arturo Leyva Lizárraga.
A Yadira Barrera, coordinadora zonal, se le dictó auto de formal prisión el pasado 6 de febrero. Está recluida en el Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno. Los delitos que se le imputan son lesiones, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y homicidio culposos. Ella puede obtener su libertad bajo fianza. Sin embargo, la cantidad que deberá pagar es de cerca de 3 millones de pesos.
El pasado 10 de mayo, los padres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio se reunieron con la procuradora General de la República, Marisela Morales, quien se comprometió a dar seguimiento al caso.
Ese mismo día fue aprehendido el ex delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga. Él también ingresó al Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno. Leyva Lizárraga ha solicitado su libertad bajo fianza.
"La procuradora nos recibió con la noticia de esa aprehensión. Pero el que sólo dos personas estén en la cárcel habla de la falta de justicia", dice José Francisco García. Para los padres, los dueños de la estancia "ya tendrían que estar en la cárcel".
Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer, Gildardo Urquídez Serrano y Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella son dueños de la guardería.
En junio de 2009, Antonio Salido y Alfonso Escalante eran funcionarios del gabinete del entonces gobernador Eduardo Bours. Marcia Matilde Gómez del Campo es prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y sobrina de la esposa de Bours.
Los dueños de la guardería, excepto Marcia Matilde Gómez del Campo y Gildardo Urquídez, están sujetos a proceso judicial, por lo que cada viernes tienen que presentarse a los juzgados a firmar en el libro de procesados.
En diciembre de 2010, Marcia Matilde Gómez del Campo obtuvo un amparo que la sacó del proceso judicial, pero no ha sido exonerada. Lo mismo sucedió con Gildardo Urquídez, quien obtuvo un amparo en abril pasado. Los argumentos que presentaron Gómez del Campo y Urquídez Serrano es que ellos sólo eran socios capitalistas de la guardería. "Es decir, que ellos sólo podían enriquecerse con esta guardería, así como otras que aún tienen", reclama José Francisco García Quintana.
MÁS INCULPADOS Otra de las inculpadas es Irma Crescencia Díaz Gómez, funcionaria de la coordinación zonal de guarderías. Ella fue procesada el 21 de junio de 2009 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, homicidio y lesiones, pero salió en libertad provisional bajo caución el 23 de diciembre de 2010.
Sin embargo, el pasado 1 de febrero reingresó al penal de Hermosillo por el delito de lesiones. Al día siguiente salió en libertad provisional bajo caución.
Delia Botello Amante, directora general de guarderías del estado, ingreso a la cárcel el 24 de junio de 2009 -por el delito de homicidio culposo-, pero logró libertad bajo caución días después: el 26 de junio del mismo año.
Lorenzo Ramos Félix, abogado que representa a un grupo de padres de niños fallecidos, explica: el delito no es homicidio doloso, por lo que los ex funcionarios del IMSS pueden seguir enfrentando el proceso en libertad.
Gabriel Alvarado, abogado que representa a otro grupo de padres de niños lesionados y expuestos, dice que también están bajo proceso 14 trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal, quienes laboraban en la bodega donde se guardaban archivos de esa dependencia, y que fue el lugar donde comenzó el incendio que se extendió a la estancia infantil.
EL UNIVERSAL
