Un tribunal federal de apelaciones se negó ayer a retirar la suspensión de importantes segmentos de una ley de inmigración de Arizona y dijo que el Gobierno Federal probablemente podrá probar que es inconstitucional.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó ayer una solicitud de la gobernadora Jan Brewer, quien le había pedido que levantara una suspensión impuesta por una jueza federal en Phoenix el día antes de que la polémica ley entrara en vigencia, el 29 de julio de 2010.
Partes de la ley bloqueadas mientras el caso se abre camino a través de los tribunales incluyen una disposición que obliga a la Policía a preguntar el estatus migratorio de las personas si existe una sospecha razonable de que están ilegalmente.
Otras disposiciones puestas en suspenso requerían que todos los inmigrantes obtuvieran y llevaran consigo documentos de registro migratorio; convertían en delito que un indocumentado busque trabajo o tenga un empleo; y permitían a la Policía detener a presuntos inmigrantes ilegales sin orden judicial.
El Gobierno de México reconoció la decisión de la corte de reafirmar la suspensión y señaló que en todo momento buscará acudir a las instancias necesarias para responder ante violaciones a los derechos de los mexicanos.
México presentó ante la corte de apelaciones un escrito como "Amigo de la Corte" con el fin de apoyar las impugnaciones a la ley, al cual se sumaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú, dijo la cancillería en un comunicado. La aprobación de la ley el año pasado reavivó un debate sobre la inmigración que se ha cocido a fuego lento en Arizona y EU desde hace años.
Los opositores de la ley protestaron en las calles cuando estaba a punto de tener efecto y convocaron un boicot contra ese estado. Los defensores de la legislación la calificaron como un esfuerzo pendiente desde hace mucho tiempo en un estado que se ve desbordado por la inmigración ilegal y la falta de acción federal en torno al tema.
