La revelación del historial delictivo que tenían dos asaltantes sorprendidos en flagrancia la semana pasada revela las lagunas legales que permiten a criminales obtener su libertad y cometer más delitos bajo el manto de la impunidad.
Como se reportó en estas páginas, José Guadalupe Albino fue abatido por policías municipales tras asaltar una farmacia. Su muerte puso fin a una carrera delictiva que incluyó dos ingresos al Centro de Readaptación Social por asaltos en 2009 y 2010, así como dos detenciones cuando era menor de edad.
El mismo día, Javier Mena Ávila fue detenido cuando intentó asaltar otra farmacia. Ávila tenía en su haber seis detenciones por robo a personas y negocios entre 2006 y 2009, y sin embargo estaba libre.
¿Qué hacían Albino y Mena en la calle? La respuesta está en los vacíos legales que permiten a delincuentes recuperar su libertad.
Por ejemplo, los agentes del Ministerio Público con frecuencia sólo integran averiguación por un robo contra un acusado, aún cuando se le vincule con varios casos. Esto facilita la libertad de un asaltante, y cuando se consignan las averiguaciones por otros robos, ya están en la calle, cometiendo más crímenes.
Esto demuestra las deficiencias en la labor del Ministerio Público para integrar varias averiguaciones previas al mismo tiempo e impedir que los delincuentes salgan libres.
Otro factor que contribuye es la ausencia de ratificación de denuncias por parte de las víctimas. En muchas ocasiones, personas que han sufrido asaltos son renuentes a identificar en persona a los acusados por temor a represalias si son liberados. Este temor es muy fundado cuando observamos casos en que asaltantes quedan libres tras pasar un corto tiempo en la cárcel.
Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no tiene mecanismos para garantizar la seguridad de las víctimas ni para permitir las denuncias anónimas de manera que los delincuentes no sepan quién los acusa.
Ante la alarmante ola de robos en la región y el aumento de los asaltos con lujo de violencia, se deben llenar los vacíos legales que fomentan la impunidad. Si el problema es de procedimientos, entonces el Congreso local debe tomar cartas en el asunto y emprender una reforma penal que garantice los derechos de las víctimas y asegure el éxito en la consignación de averiguaciones previas.
De otro modo, la ola de impunidad que azota a la Comarca Lagunera y al Estado en general seguirá imparable.
