Cada día es más evidente la improvisación o, al menos, la falta de previsión de las autoridades federales en la guerra que libran contra los cárteles del narcotráfico; entre otros aspectos que revelan las consecuencias no deseadas de la guerra se encuentran: la creciente muerte de inocentes; el reclutamiento forzado de sicarios; y los ataques contra la población civil como una forma de "calentar" las plazas bajo control de cárteles rivales.
Es evidente que cada movimiento (especialmente si se obtiene un resultado positivo del mismo) de la autoridad generará una o varias reacciones de los distintos cárteles de la droga y eso debe preverse con toda oportunidad para tratar de contener sus efectos perversos.
En este primer punto hay que destacar las consecuencias del abatimiento de dos de los capos más perseguidos: Arturo Beltrán Leyva, "El Jefe de Jefes", el 17 de diciembre del 2009, en Cuernavaca, Morelos; y el de Ignacio "Nacho" Coronel, el 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco. Los dos éxitos de las fuerzas armadas desataron el recrudecimiento de la violencia en sus respectivas plazas, como consecuencia de las disputas por el control de las mismas que se iniciaron ante la caída del líder indiscutible.
Desde luego que este riesgo no debe inhibir el combate al crimen organizado; pero sí obliga a las autoridades a prepararse para ello. Bienvenida la lucha, pero el combate frontal y la acción armada tienen que acompañarse de inteligencia y previsión, para poder -al menos- mitigar los efectos indeseados.
Esta falta de labor de inteligencia y previsión es una de las causas de las tres consecuencias no deseadas señaladas en el primer párrafo. El descubrimiento de las llamadas narcofosas en San Fernando, Tamaulipas (con 177 cadáveres oficialmente reconocidos hasta el viernes 22 de abril) pone de manifiesto las primeras dos consecuencias señaladas en el primer párrafo. De acuerdo a la información divulgada oficialmente por las autoridades, las víctimas en su mayoría son pasajeros de autobuses en tránsito que eran secuestrados por los cárteles con la intención de reclutarlos como sicarios; esto es versión oficial, no es especulación.
Si bien este es el hallazgo más numeroso de víctimas inocentes, no quiere decir que sea el único y que en el pasado no hayan existido más de éstas. Vale la pena preguntarse ¿cuántas de las víctimas de otras narcofosas también eran inocentes y no sicarios de cárteles rivales? Y, por otra parte, ¿cuántos de los supuestos sicarios abatidos en los enfrentamientos con las fuerzas armadas en realidad eran secuestrados?
Pero el reconocimiento de que los cárteles están recurriendo al reclutamiento forzado también mueve a reflexión sobre los presuntos responsables de las matanzas y el caso de San Fernando es un buen ejemplo. De inmediato empezaron a detener presuntos responsables, sin embargo, hasta el viernes 22 de abril, al menos dos familiares de estos presuntos responsables han alzado la voz defendiéndolos: en un caso, abogando por su absoluta inocencia; y, en el otro, señalando que hay que acotar su responsabilidad.
De acuerdo a una entrevista publicada en el diario regiomontano El Norte, la madre de Édgar René Méndez Acosta, el joven de 19 años al que el presidente Felipe Calderón aludió en su discurso ante empresarios de La Laguna, señala que su hijo fue severamente torturado por elementos del Ejército para obligarlo a hacer dichas declaraciones y afirma tener pruebas de que su hijo máximo actuó unos 15 días con dicho cártel.
Desde luego que no hay que ser tan ingenuos para creer en la inocencia de todos los detenidos, pero tampoco para creer en la culpabilidad de todos los que la autoridad presenta como presuntos responsables, particularmente cuando están tan urgidos de dar resultados rápidos. Pero al margen de ello, también hay que preguntarse ¿Cuántos de los presuntos responsables en realidad fueron secuestrados y obligados a acompañarlos en sus acciones delictivas? ¿Cuántos colaboraron y cuántos simplemente iban en calidad de secuestrados?
La otra de las consecuencias no deseadas se hizo presente el jueves y el viernes, cuando el enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, llevó a que primero Los Zetas atacaran con bombas molotov y granadas más de 11 negocios de Miguel Alemán, Tamaulipas; y al día siguiente, el Cártel respondiera haciendo lo mismo en el área metropolitana de Monterrey. Otra vez, frente a una acción de uno de los cárteles, la autoridad debe tratar de intuir cuál puede ser la respuesta del cártel rival, pero nuevamente muestran su incapacidad para hacerlo.
Éstas son algunas de las consecuencias indeseables de una guerra que se desató con el propósito (según los comerciales del Gobierno Federal) de que la droga "no llegue a tus hijos", pero resulta que de acuerdo al secretario de Salud, José Ángel Córdova, en los últimos seis años se duplicó el consumo de cocaína y el de marihuana aumentó en 50%. Y de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Adicciones, entre 2002 y 2008, el porcentaje de la población de entre 12 y 65 años que consumía marihuana subió de 3.5 a 4.2% y la edad para iniciar en dicho consumo se redujo un 20%. Así que el objetivo tampoco se está logrando.
Hay que mantener la guerra en contra de la delincuencia organizada; pero son múltiples y crecientes las señales de que la estrategia que se sigue no está logrando los resultados deseados y, en cambio, cada día hay más "daños colaterales".