Con evidentes señales de tortura fue hallado la tarde de ayer miércoles el cuerpo sin vida del activista José Trinidad de la Cruz Crisóforo, a menos de 24 horas de su secuestro, el cual fue denunciado por la mañana por miembros del Movimiento por la Paz y la Dignidad, al cual pertenecía.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el hallazgo del cadáver en el municipio de Aquila muy cerca de la comunidad de Xayakalan, donde vivía.
El cadáver del activista fue encontrado con las manos atadas a la espalda y presentaba al menos cuatro impactos de bala, así como la oreja izquierda casi desprendida y diversos golpes en el cuerpo, que hacen suponer que fue torturado, según trascendió.
Los restos de José Trinidad fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Centro de Protección Ciudadana del municipio vecino de Coahuayana, donde le es practicada la autopsia de ley para ser entregado a sus familiares.
Ayer por la mañana, miembros del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) ofrecieron en la Ciudad de México información sobre el plagio del comunero de Ostula y anunciaron la determinación de poner una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición forzada del comunero.
Responsabilizaron también al Gobierno federal y estatal de la seguridad de los integrantes de los grupos sociales dedicados a la defensa de los derechos humanos e indígenas de la región.
Cabe mencionar que a decir de las organizaciones sociales afines al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, José Trinidad de la Cruz Crisóforo fue golpeado y amenazado de muerte en junio pasado, motivo por el cual se ausentó por una temporada de la comunidad. En octubre pasado regreso a su comunidad en Xayakalan.
Además de José Trinidad hombre de más de 70 años, en noviembre pasado fue asesinado su compañero y también activista y miembro del Movimiento por la Paz, Pedro Leyva Domínguez quien estaba contemplado para ser orador principal en un encuentro que sostendría Javier Sicilia con autoridades gubernamentales federales; ambos pertenecían a la misma comunidad de Santa María de Ostula, en el municipio michoacano de Aquila.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó el asesinato. A través de una comunicado, argumentó que estas acciones se derivaron del incumplimiento de acuerdos para la seguridad pública de la comunidad de Santa María Ostula, firmados hace una semana por autoridades civiles de la localidad y autoridades federales, estatales y municipales.
