Alejandro Poiré
A veces da la impresión que los altos funcionarios públicos mexicanos -protegidos por camionetas blindadas, escoltas y altos muros- han perdido de vista cómo vive la gente común y corriente. Sólo así puede entenderse las declaraciones del 10 de enero de Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ayer repitió casi verbatim el presidente Felipe Calderón en su nueva reunión de seguridad en el Campo Marte.
Los grupos criminales, nos dicen los funcionarios, están más debilitados que nunca. Se les ha causado, en palabras de Poiré, "un daño severo e irreparable a sus estructuras de organización". El presidente puntualizó ayer que 17 de los 39 capos que estaban en marzo pasado en las listas de los más buscados por la PGR han sido ya "neutralizados".
Esto, sin embargo, parece un pésimo indicador del avance en la lucha contra el narco o el crimen organizado. México no entró a esta guerra para "neutralizar" -eufemismo por matar o aprehender- a algunos criminales. Los objetivos eran, en primer lugar, reducir la violencia y, en segundo, disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, donde el problema es mayor, o en México, que nos importa más a los mexicanos.
Las cifras en estos rubros no justifican el triunfalismo del discurso oficial. No parece, ciertamente, que se haya hecho la mitad de la tarea. En lugar de estar ganando la guerra, los ciudadanos -que al parecer somos distintos de los políticos y funcionarios-la estamos perdiendo.
El número de ejecuciones vinculadas con el crimen organizado se duplicó el año pasado y es más de cinco veces superior al de 2006. Las autoridades afirman que casi todas las víctimas son criminales, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. El consumo de drogas por adolescentes en Estados Unidos, según información del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, subió en 2010, como lo hizo a todo lo largo de la década que concluyó el año pasado. México no mantiene estudios actualizados sobre el consumo de drogas, pero la última Encuesta Nacional de Adicciones, de 2008, señalaba también un incremento.
Si hay violencia, sugiere Poiré, ésta es culpa de los "otros" gobiernos: los estatales y los municipales. "El caso de Guerrero es un ejemplo muy importante. Desde luego es lamentable lo que ha ocurrido en los alrededores de la ciudad de Acapulco en los últimos días; pero es un ejemplo claro de que la violencia se origina por la lucha entre las organizaciones criminales y por la inacción, también hay que decirlo, de las autoridades locales." Olvidó señalar el vocero que tanto los delitos contra la salud como la delincuencia organizada son responsabilidad federal.
El problema de la inseguridad no se resuelve "neutralizando" capos. Tampoco es un tema estrictamente de dinero. El presupuesto del Gobierno Federal en seguridad nacional, orden, seguridad y justicia se duplicó de 56,899 millones de pesos en 2006 a 111,270 en 2010, mismo período en el que, como hemos visto, se han quintuplicado las ejecuciones y ha aumentado el consumo de drogas.
No hay soluciones fáciles. El Gobierno no puede simplemente cruzarse de brazos y dejar que los capos hagan lo que quieren. Pero una cosa es reconocer esto y decir que estamos a medio camino de la victoria. De hecho, si ésta se define como reducir la violencia y el consumo de drogas, tendríamos que aceptar que estamos perdiendo la guerra.
Randal C. Archibold describe en el New York Times de ayer la situación de Guadalupe, pueblo fronterizo de Chihuahua. La única policía, Érika Gándara, nombrada por su tío, el presidente municipal, en octubre, porque ya no había hombres que quisieran el cargo, fue levantada antes de Navidad. La mitad de la población ha abandonado el pueblo. Cientos de negocios y casas están abandonados, algunos quemados. Los que no pueden huir se encierran por las noches. Es el rostro de la derrota en esta guerra.
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