Es innegable que los problemas ambientales cada vez están más presentes en la percepción de la población, sobre todo cuando se difunden periódicamente a través de los medios de comunicación como está sucediendo durante los últimos meses con la contaminación del agua por arsénico, o hace algunos años con la contaminación del aire por el plomo y otras sustancias tóxicas. Sin embargo, también debemos reconocer que los señalamientos públicos de estos eventos provienen principalmente de académicos de instituciones de educación superior o grupos ambientalistas de ciudadanos, ya que no es común que las instituciones oficiales informen por iniciativa propia.
Incluso, existen casos ominosos en los que las mismas oficinas públicas ocultan la información o evaden intervenir desde sus respectivas competencias; quizá estos hechos son cada vez menos frecuentes porque los ciudadanos recurren a los instrumentos que les proporcionan las leyes de transparencia, a la vez de que crean o encuentran diversas formas de expresarse públicamente. Sin embargo, persisten casos como el que está sucediendo con la población que diariamente ingiere agua contaminada con arsénico, donde observamos la postura del sector salud que ha evadido su responsabilidad y ni siquiera acepta dialogar al respecto con esos grupos ciudadanos al no aceptar la invitación que Encuentro Ciudadano Lagunero le ha hecho a los titulares del sector salud de los dos estados y los respectivos jefes de las jurisdicciones sanitarias.
Lo cierto es que los problemas ambientales, que en general se expresan en el deterioro de los recursos naturales, han obligado a que dichas oficinas intervengan aplicando las regulaciones existentes aún cuando esa obligación se cumpla por la denuncia o presión que ejerza algún grupo o colectividad que se entere o se vea afectado por ellos. Estas expresiones de mayor participación ciudadana surgen por el llamado déficit de gestión gubernamental en los asuntos ambientales (es decir, la limitada intervención oficial en su prevención y solución, sea por omisión, incapacidad u otra razón) que ha obligado a la población a un ejercicio de ciudadanía, el cual, sin embargo, solo o con mayor frecuencia se expresa a través de grupos pequeños como los académicos o las Organizaciones No Gubernamentales, pero, y es lamentable, no se observa una acción colectiva que involucre a más gente, principalmente aquellos que son afectados en un gran número.
Es posible que esto suceda, al menos es lo que algunos piensan, porque gran parte de esa población que consume agua contaminada está más preocupada por obtener un ingreso diario para vivir que por los efectos que pueda tener dicha agua en su salud; son parte de los llamados grupos vulnerables que tienen que tomar agua de la llave porque no les es posible abastecerse de garrafones u otra fuente de agua que sí sea potable ya que les resulta oneroso conforme a sus ingresos, son producto de la inequidad ambiental y, por eso, deben ser la población objetivo de las políticas públicas del sector ambiental y de los gobiernos locales.
Son también quienes tienen más dificultades para ejercer su ciudadanía, sea por su condición social que les excluye o limita las oportunidades para desarrollarse en sociedades desiguales como la nuestra, y/ o porque esta condición les involucra en las redes político-clientelares de los partidos y los gobiernos que asientan en ellos su base social de apoyo, sobre todo en los procesos electorales, y mientras esos organismos no representen opciones de expresión ciudadana ante estas cuestiones, los afectados no se manifestarán.
El asunto es que una problemática tan seria como el envenenamiento gradual que sufre una parte importante de la población lagunera, sobre todo la población vulnerable, en las condiciones sociopolíticas actuales difícilmente podrá ejercer su ciudadanía para enfrentarla, lo cual no obsta que tenga derecho a ejercerla, o que otros, aunque sea unos pocos, lo hagan. Por eso, medio ambiente y ciudadanía son dos asuntos que aún poco se vinculan.
