En la certeza de que el presupuesto de gasto para el año próximo provocará la rebatiña del siglo en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que el Gobierno se despache con la cuchara grande en víspera de la elección presidencial, la Secretaría de Hacienda está preparando ya su propuesta.
La intensión, en previsión de evitar plantones, tomas de tribunas o huelgas de hambre, es planchar los proyectos más polémicos, es decir, los carreteros, en afán de plantear sólo los absolutamente indispensables, previa preparación política, técnica y hasta legal.
En el ejercicio participarían no sólo los técnicos de la dependencia y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino los gobernadores, y en tal caso, los senadores y diputados.
El escenario planteará, además, que habría la mayor cantidad de recursos para garantizar la conclusión de las obras, en lugar del tradicional goteo que las deja inconclusas.
Menos carreteras, pues, pero completas.
Naturalmente, los proyectos se mantendrán en línea de preparación en lo que llega su turno, bajo un esquema de rigurosa planeación.
Digamos que para entonces estará libre de obstáculos la ruta: se habría realizado el proyecto ejecutivo y se habrían obtenido los derechos de vía.
La mula no era arisca. Se da el caso de que hasta dos años después de que el gobierno diera a conocer su Programa Nacional de Infraestructura y el anexo Plan Carretero, se modificó la Ley de Expropiación, en cuyo marco se abrió realmente la posibilidad de realizar los 100 proyectos colocados en la mesa.
Naturalmente, el esquema diseñado por el flamante subsecretario de Egresos de Hacienda, Carlos Montaño Fernández, le cierra la vía a los partidos políticos que en el estira y afloja logran alguna partida para carretera que no estaba en línea... lo que al final del día provoca enojos y frustraciones por la tardanza en ejercerla.
En el horizonte están, por ejemplo, la carretera que cruzaría de Arroyo Zarco al poblado conocido como La Tinaja, es decir, los municipios de Almoloya de Juárez y Almanalco, cuya construcción se inició hace dos años, llevado un avance de sólo 34%... por más que son sólo 10 kilómetros.
KILÓMETRO Y MEDIO POR AÑO.
La posibilidad se abrió gracias a una catafixia del PRI a cambio de apoyar algún punto del presupuesto.
Naturalmente, las quejas por subejercicios de la dependencia responsable saltan una y otra vez a la mesa.
Ahora que bajo el esquema de centavear los presupuestos, en este momento existen 278 proyectos inconclusos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se había comprometido a terminar en diciembre del año pasado.
El problema es que en el camino, reprogramada la fecha de terminación de obra una y otra vez, los presupuestos se van inflando, hasta duplicarse o triplicarse.
Así, la carretera de doble carril que comunicaría los poblados de San Rafael y Bahuichivo, Chihuahua, cuyo inicio de construcción llegó en marzo de 2002, lleva apenas un avance de 16% en sus 35 kilómetros de extensión.
En el camino, la partida original de gasto de 176 millones se elevó a 213.
Más allá, la carretera de 88.1 kilómetros que uniría los poblados de Ucum y La Unión, en Quintana Roo, lleva sólo un avance de 37%, por más que los trabajos se iniciaron en febrero de 2008.
Y lo que entonces costaría 200 millones de pesos, hoy está en 244... y contando.
Ahora que la de 57.2 kilómetros que conectaría al puerto de Tampico con Ciudad Mante en Tamaulipas, cuya obra se inició en agosto de 2008, lleva un avance de sólo 40%, con la novedad de que el costo se infló de 394.5 a 575 millones de pesos.
En otro caso, la carretera de 133.8 kilómetros que correrá de San Felipe a Laguna Chapala, en Baja California, lleva un avance de 48%, aun cuando el arranque de la obra llegó en enero de 2007. El costo ha saltado de 315 a 491 millones de pesos.
Y no le seguimos para no cansarle.
El nuevo esquema, pues, no sólo evitaría fricciones entre las corrientes políticas y el Gobierno, sino le ahorraría a éste varios miles de millones de pesos.
Pocas, pero completas.
BALANCE GENERAL
Colocado como el secreto del siglo el nombre de los inversionistas que en el papel reunieron 200 millones de dólares para regresar al aire a Mexicana de Aviación, ahora resulta que en la lista podrían estar al menos dos firmas extranjeras.
Estamos hablando de la empresa brasileña de bajo costo Gol y la centroamericana TACA (Transportes Aéreos Centroamericanos), por más que se habla también de la estadounidense American Airlines.
La primera tuvo un frustrado intento de ingresar al país, con la mala suerte de que su socio mexicano sería Fernando Chico Pardo, el socio principal del Grupo Aeroportuario del Sureste y accionista del Grupo Posadas, entonces propietario de Mexicana de Aviación.
Naturalmente, la Comisión Federal de Competencia cerró la posibilidad.
TACA, a su vez, participa en el capital de Volaris, aparentemente con un 25% del pastel.
Como usted sabe, el artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera limita la posibilidad de capital foráneo en líneas aéreas a sólo 25%.
SE FRENA LA CFE
La sospecha, en el repentino freno de la Comisión Federal de Electricidad a 40 proyectos de infraestructura para generación que se habían planteado con proyección a cinco años, es que se pretende beneficiar a las empresas privadas nacionales y extranjeras que han instalado plantas de generación en el país.
El pretexto esgrimido por la paraestatal es que está sobrada de reservas.
Sin embargo, como usted sabe, al cobijo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que impugnó la Suprema Corte, los particulares que en el papel generan para autoconsumo, le venden los excedentes a la empresa pública, por más que en ocasiones se rebasa el tope fijado por la autoridad.
Naturalmente, si la oferta fuera mayor a la demanda, la CFE no tendría necesidad de adquirir energía privada.
Más claro, ni el agua.
REPRESIÓN EN EL CUBO
Bajo el cargo de "despojo", cuatro integrantes del sindicato minero, entre ellos el presidente del Comité de Huelga de la sección 142, Juan Andrés Villa Licea, fueron detenidos la madrugada del jueves pasado en las instalaciones de la mina El Cubo, ubicada en Guanajuato.
Los presos estaban en custodia de las instalaciones de la empresa propiedad de la firma canadiense Gammon Gold, en huelga desde hace siete meses.
Aunque la Junta Local de Conciliación había invalidado ésta, el sindicato había interpuesto un amparo contra la resolución, que le había sido aceptado.
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