Los países integrantes del Mecanismo de Tuxtla respaldaron al presidente Felipe Calderón y aprobaron un exhorto a Estados Unidos y demás países consumidores a que frenen el consumo y, si no pueden hacerlo, entonces actúen para regularlo.
En el llamado Acuerdo de Yucatán, el reclamo aprobado en la reunión de este lunes en Mérida incluye una exigencia a que paren la venta de armas para los criminales que provocan violencia en naciones latinoamericanas y de El Caribe.
El mensaje incluye frases y propuestas que el presidente de México, Felipe Calderón, ha expresado en múltiples ocasiones para pedir a Estados Unidos un alto al consumo de drogas y la venta de armas que nutren a los cárteles no sólo mexicanos sino de otros países.
Los países fundadores del Mecanismo de Tuxtla son México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 1996 se incorporaron al mecanismo Belice y Panamá, mientras que en 2009 lo hicieron Colombia y República Dominicana.
"Celebramos el Acuerdo de Yucatán mediante el cual México crea un fondo de infraestructura para la región de Mesoamérica, con lo cual contaremos ahora con un instrumento vital para impulsar el desarrollo", dijo Calderón.
"Hicimos una declaración sobre el TLC único que hemos celebrado entre México y Centroamérica y una declaración, a mi juicio muy importante, que hemos externado todos los presidentes y Jefes de Delegación presentes respecto del crimen organizado transnacional y el narcotráfico que tanto afecta a nuestras comunidades", afirmó Calderón.
A continuación la parte sustancial del acuerdo aprobado hoy en Mérida y leído por Alejandro Poiré, secretario de Gobernación.
Primero. Los centros de consumo han dado un enorme poder financiero a las organizaciones delincuenciales trasnacionales dedicadas a traficar drogas.
Segundo. Señalaron que esto a su vez ha generado una espiral de crimen y violencia en diversos países de América Latina y el Caribe debido al alto poder económico de esos grupos y al aumento de su capacidad de fuego, aún más grave es el hecho de que la mayoría de las armas que utilizan los criminales en contra de civiles y autoridades son adquiridas en los propios centros de consumo de drogas sin que se tengan medidas efectivas para controlar la venta masiva de armamento a los criminales.
Tercero. Destacaron además que esto ha generado inmensos costos en términos de vidas humanas tanto de civiles como de elementos de las fuerzas de seguridad.
Cuarto. Coincidieron que este es un fenómeno que se ha venido agravando en los últimos años entre otras razones porque el consumo de este tipo de sustancias en su conjunto lejos de disminuir ha venido aumentando.
Quinto. También señalaron que en algunos casos los criminales no limitan su actividad al tráfico y distribución de drogas sino que diversifican su actividad y actúan como organizaciones criminales que secuestran, extorsionan y en general buscan apoderarse de las rentas de una comunidad a través de la violencia o amenaza a los ciudadanos. Esto representa una amenaza directa a la paz y la convivencia democrática de las naciones de América Latina y El Caribe.
Sexto. En virtud de lo anterior y ante la evidencia del incremento sostenido en el consumo de drogas los mandatarios expresaron su convicción de que es indispensable que los Estados Unidos de América y demás países consumidores adopten medidas más drásticas y eficaces para rastrear y cortar el flujo de dinero producto de actividades ilícitas hacia las organizaciones criminales.
Séptimo.- Señalaron que lo deseable sería una sensible reducción de la demanda de drogas ilegales. Sin embargo, si ello no es posible, como lo demuestra la experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales incluyendo opción es regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito. Con ello se evitaría que el trasiego de esas sustancias siga provocando altos niveles de crimen y violencia en las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Octavo. Adicionalmente los países de la región demandan a los congresos de los Estados Unidos y de otros países productores y vendedores de armas que establezcan medidas efectivas para registrar, regular e impedir el trasiego de armas de asalto y otras armas de alta peligrosidad a los grupos criminales de los países de la región.
Noveno. Finalmente, refrendaron su compromiso de seguir luchando con determinación en contra de los grupos criminales trasnacionales a través del fortalecimiento constante de las instituciones de seguridad y justicia sin menoscabo de la implementación de políticas sociales que abran oportunidades de educación, salud, esparcimiento y trabajo, así como prevención y tratamiento de adicciones entre los niños y jóvenes de nuestros países.
