Una de tres: la maraña de intereses creados en torno a Mexicana de Aviación ha colocado en línea 25 hombres o firmas de paja para sabotear su rescate; el Gobierno es el responsable de descarrilar las propuestas, o la empresa es víctima de un maleficio.
Cualquiera de las tres cartas tiene validez. En abono de la primera, por ejemplo, hete aquí que ayer la firma Union Swiss (¿es decir filial de la Unión de Bancos Suizos o simple coincidencia?), le colocó un nuevo ultimátum a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Atiende su oferta o la retira.
Según ello la firma ha cruzado ya siete filtros para garantizar la limpieza de los recursos en la mesa, 250 millones de dólares, sin que hasta la fecha se les permita explicar su proyecto.
El ultimátum, lo-tomas-o-lo-dejas, vence el 28 del mes que corre. Lo raro del caso es que la empresa (¿o entidad financiera?) asegura contar adicionalmente con dos mil 100 millones de billetes verdes para 21 proyectos integrados a esquemas de sustentabilidad. ¿Sería creíble que con tal oferta en la mesa no se le haya tendido una alfombra roja al final de la cual estaría una colosal botella de champagne?
Por diez tantos menos los funcionarios de ProMéxico han comprendido viajes a cualquier confín del planeta, con estancias de cinco, seis y hasta nueve días.
En abono de la segunda hipótesis está la reiteración del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, siempre preocupado por el bienestar de la clase trabajadora, de que los sindicatos de Mexicana no alimenten más esperanzas inútiles y que de plano exijan la quiebra. El sustento de la súplica está en que cada día que pasa los raquíticos activos de la empresa se estrechan más, colocando en riesgo la posibilidad de alcanzar de-lo-perdido-lo-que-aparezca, a título de liquidación.
En lugar de centavos les van a tocar migajas.
Sin embargo, frente a la bondadosa súplica del funcionario está la maniobra del aeropuerto capitalino para cobrarse "a lo chino" las deudas de las compañías tomando los slots que se le concesionaron, en tanto el Banco Nacional de Comercio Exterior insiste en adjudicarse los nueve aviones que pignoró el exdueño de la línea aérea, Gastón Azcárraga Andrade.
Sin embargo, el Gobierno no ha movido un dedo, pese a las promesas de los funcionarios, para realizar una investigación seria sobre las denuncias contra ésta de administración fraudulenta, en cuyas aristas se saqueó a ésta en la fase previa a su venta a precio simbólico. Sin embargo, el Gobierno no le ha fincado alguna responsabilidad a la compradora, es decir la Tenedora K, en relación con los compromisos pactados, por más que se aduce ahora que se trató de una simulación para construirle un puente a un supuesto relevo.
La firma, pues, había actuado sólo como banco de inversión.
Sin embargo, al margen de las denuncias del juez que lleva el concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, que hablan de parcialidad y trato despótico de la SCT a quienes se han acercado a plantear ofertas para el rescate de la línea aérea, a la par de amenazas, resulta extraño que una vez diluida su posibilidad bajo el calificativo de vacilada, las firmas descartadas no hayan salido a defenderse.
O qué, ¿se tragaron el escarnio? ¿Se conformaron con la triste condición de hombres de paja o simuladores? ¿Cuántos bancos nacionales y extranjeros se prestaron a la maniobra de ofrecer cartas de crédito a quienes no eran sujetos de tal? Por lo pronto, ahora resulta que la espera para cerrar el concurso mercantil avalándose una reestructura de las deudas de la compañía o de plano declararla en quiebra, se podría alargar hasta julio próximo, es decir una vez que el país tenga un presidente electo.
Para entonces, naturalmente, la mayoría de los ocho mil 200 trabajadores de Mexicana se habrán colocado en otras empresas o de plano habrán abandonado las calles por fatiga.
¿Será que la mala suerte se ensañó con ellos?
La noticia es que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acaba de obtener un amparo contra una disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social en que se señalan las bases para la integración de su Consejo Técnico.
De acuerdo a ello, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) tiene derecho a tres asientos en la representación patronal, en tanto la Concanaco tiene el cuarto, en la lógica de que sólo se reconoce a las representaciones constituidas por ley.
La Coparmex quiere al menos uno de ellos.
La pelea se ha venido dando desde hace 20 años, en un escenario en que el Consejo Coordinador Empresarial no ha logrado sentar a las partes a un acuerdo. Como recordará usted, el sindicato patronal había peleado un escenario similar ante el Infonavit, logrando que se reconociera su representación con un asiento.
UNA DE CAL
Finalmente, luego de un accidentado proceso de 10 años, la Organización Internacional de Comercio declaró ilegal la exigencia de Estados Unidos de que sólo sus productos cárnicos obtenidos por ganado nacido, crecido y sacrificado en ese país podrían llevar una etiqueta de solvencia total (cool).
La medida, naturalmente, afectaba las exportaciones mexicanas al considerarse, de cara al consumidor, que la carne nacional era de segunda. El organismo reconoció la validez de las cláusulas de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que exige trato de nacional a los productos mexicanos. Naturalmente, en paralelo, al venderse ganado en pie en el país del norte su costo se reducía entre 40 y 60 dólares por carecer de la etiqueta.
AUSTRALIA A MINERÍA
Colocado en la mesa de negociaciones un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones con México, Australia espera incrementar sus apuestas en materia minera en el país.
Las firmas del país austral han invertido sólo 20.8 millones de dólares en la materia en México en la última década, pese a su etiqueta de segundo productor de oro del planeta y cuarto de plata, detrás de México, Perú y China.
El apetito, naturalmente, lo abrió el crecimiento desmedido en el precio de los metales preciosos.
¿SEGURO UNIVERSAL?
De acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el país existen 26 millones de trabajadores sin acceso a la seguridad social.
El 33 por ciento de la población ocupada carece de la prestación de ley, al integrarse a la economía informal.
En el escenario, mientras el Sistema de Ahorro para el Retiro maneja 40 millones de cuentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social agrupa sólo a 13.5 millones de usuarios.
