Más de una decena de organizaciones campesinas concluyeron que el Estado ha incumplido con su deber de promover la producción nacional de alimentos inocuos y la alimentación sana de la población, por haber permitido, entre otras cosas "una desbordada importación" en ese ramo, concentrar el subsidio en pocas manos y por oponerse a la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
Agrupaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Campesina Cardenista (CCC), establecieron, luego de varios foros y consultas, que además de errores del Estado en su conjunto, el gobierno federal no quiere reconocer que México se encuentra en una situación de emergencia alimentaria, la cual se ha advertido desde hace años.
A través del documento donde se reúnen diversas conclusiones, titulado "El hambre no espera", se establece que la crisis alimentaria tiene orígenes internos y externos debido, entre otros fenómenos, al cambio climático, al aumento de precios internacionales, a la pobreza extrema en el campo y la política de importación de alimentos.
Se plantea, que con la autorización del Congreso, el jefe del Ejecutivo haga una declaratoria de emergencia agroalimentaria nacional, apoyar realmente a los productores que sufrieron siniestros por las heladas e inundaciones, aplicar recursos fiscales y financieros para mejorar los recursos naturales y triplicar el fondeo de la banca de desarrollo para que se considera a las emergencias.
Las organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), la Central Campesina Independiente (CCI) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), acusaron al gobierno federal de no establecer políticas diferenciadas para los distintos grupos de productores, de acuerdo a su disponibilidad de recursos de tierra y agua, para garantizar los derechos humanos campesinos y trabajadores del país.
