Seguridad. El juez español Baltasar Garzón, al centro, durante conferencia para dar a conocer la realización del Foro 'Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad' que se realizará a fin de mes por iniciativa de la Cámara de Diputados.
El juez Baltasar Garzón dijo que la sociedad mexicana no debería pagar, bajo ningún concepto, el precio de miles de muertos al confrontar el Estado al crimen organizado, que debe ser combatido dentro de los límites de la ley, como se ha logrado en diversos países del mundo.
Afirmó que nunca se debe pactar con los delincuentes y sólo recurrir al Ejército como último recurso. Otro error es tomar decisiones en materia de seguridad a espaldas de los ciudadanos, y dijo que en el caso mexicano contra el crimen organizado, hay responsabilidades penales y políticas.
"La aldea es global también en el ámbito del derecho", dijo el juez que ha ejercido la jurisdicción universal y ha actuado contra personajes como Augusto Pinochet y enfrentado mafias y grupos terroristas, y quien está en México para presidir un foro sobre seguridad democrática organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, con motivo del anuncio del foro, Garzón dijo que si se recaban pruebas, los tribunales mexicanos podrían resolver sobre algunos casos que se integran en la categoría de crímenes contra la humanidad.
Acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Manuel Cadena, y por el asesor honorífico de ese órgano legislativo, Antonio Navalón, Baltasar Garzón declaró que la sociedad mexicana no debería estar pagando ese precio (de alto número de muertos), "bajo ningún concepto".
Al foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad están invitados especialistas académicos, así como personalidades que actuaron desde su trinchera contra mafias, como el exalcalde de Palermo, Leo Luca Orlando; el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; la coordinadora de Terrorismo Internacional de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, así como el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.
EL UNIVERSAL
