La mayoría de los campamentos del movimiento Ocupemos en Estados Unidos han sido desbaratados, pero los manifestantes han entablado una serie de demandas en las que acusaron a las autoridades de violar sus derechos de libertad de expresión y de reunión, además de hacer uso ilegal de la fuerza.
Los abogados de los manifestantes presentaron sus querellas en tribunales estatales y federales en todo Estados Unidos. En ellas impugnan las órdenes de desalojo, lo que califican como tácticas de abuso policial y la prohibición de manifestarse en sitios públicos.
Algunos dicen que en algunos lugares se ha tipificado como delito el derecho fundamental a protestar, con lo que los manifestantes corren el riesgo de ser detenidos y enfrentar cargos.
El grupo New York Civil Liberties Union dijo que las demandas son un mecanismo importante para limitar el poder de la Policía.
La mayoría de los funcionarios que ordenaron los desalojos han alegado que los campamentos les dieron motivos para temer por la salud y la seguridad públicas.
