Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos reiteraron su postura en favor de avalar una reforma constitucional en San Luis Potosí.
Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos reiteraron este jueves su postura en favor de avalar una reforma constitucional en San Luis Potosí, que protege la vida desde la concepción y penaliza el aborto, que se perfila obtenga la misma votación de la reforma en Baja California.
Pardo rechazó los argumentos de sus colegas José Ramón Cossío, Luis María Aguilar, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y el ponente Fernando Franco, para anular la reforma por considerar que es contraria al sistema constitucional y viola los derechos fundamentales de las mujeres.
"Yo llego a la misma conclusión, a la validez de los preceptos impugnados. Ni en el caso de ayer ni en el de hoy hago la interpretación de que se establece un derecho absoluto, que se anteponga a cualquier otro", afirmó.
Cossío inició el debate advirtiendo que la redacción del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, al establecer la vida como fundamento de todos los derechos humanos, le otorga a éste una posición jerárquica superior por encima de los demás derechos, incluido el derecho a la salud de las mujeres.
Sostuvo que se pretende proteger la vida con medidas de carácter penal, ya que considera al aborto como un delito cuando no se trate de una conducta culposa de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación indebida o peligre la vida de la madre.
"Queriéndose otorgar una protección extraordinaria al no nacido, lo que tenemos es una clausura de cualquier otra posibilidad regulatoria, dejando fuera algunos supuestos", dijo.
Entre éstos, citó el de malformaciones del feto, previstos en tratados internacionales, o el de privilegiar la salud de la mujer.
Olga Sánchez Cordero afirmó que es inadmisible sostener, en el régimen constitucional mexicano, sostener que un derecho, per se, debe sobreponerse a cualquier otro, pues se vulnera el sistema de protección de derechos fundamentales establecido en la Constitución federal.
"Subordina los demás derechos al derecho a la vida. Se resquebraja el sistema constitucional, el legislador local contravino la interpretación que la Corte ha dado a la norma suprema", dijo.
La reforma, agregó, excluye la posibilidad de que la mujer utilice métodos anticonceptivos, susceptibles de tener efectos antiimplantatorios como el dispositivo intrauterino y la anticoncepción de emergencia, así como al derecho a las técnicas de reproducción asistida.
Sergio Valls y Luis María Aguilar ratificaron la postura de invalidar la reforma, que sostuvieron en el caso de Baja California, con argumentos similares sobre los riesgos de alterar el contenido de la Constitución federal y los derechos fundamentales.
"No se puede alterar el contenido de la Constitución, esta concepción de la vida desequilibra, altera el orden constitucional, en cuanto ese alcance no lo reconoce la Constitución federal. Establecerlo así, lo que implica es que se da a la vida una preeminencia sobre cualquier otro derecho y cualquier otra libertad reconocidos constitucionalmente", dijo Valls.
Aguilar insistió en que los conceptos de los derechos fundamentales no puede estar en constituciones locales con diferentes definiciones y límites, que puede afectar a cualquiera de los demás derechos.
"Considero que no podemos tener un concepto sobre un mismo derecho fundamental, en cada una de las constituciones estatales. Las constituciones y los legisladores locales no tienen facultades para poder determinar conceptualmente, modificándola, la esencia de un derecho fundamental", expuso.
Los derechos fundamentales deben estar conceptualizados únicamente en la Constitución federal, y por el constituyente permanente "no puede estar a la variación de cada uno de los estados de la República. Los derechos humanos tienen que ser únicos y unívocos", afirmó.
