EN ESTE PAÍS son denunciados aproximadamente dos millones de delitos cada año. De esos dos millones denunciados, 160 mil son sujetos a una investigación por parte de los Ministerios Públicos; de los cuales solamente 80 mil llegan a ser materia de un proceso judicial, y de éstos, únicamente 40 mil llegan a tener sentencia ya absolutoria o condenatoria en su caso.
TODO ESTO QUIERE DECIR que del universo de delitos cometidos en México en un año, solamente el dos por ciento recibe sentencia; el otro noventa y ocho por ciento queda impune.
SI LA DELINCUENCIA es una actividad o fenómeno de la sociedad encaminada a la obtención de ingresos, lograr una venganza o alcanzar objetivos ilícitos pasando por sobre las leyes y normas establecidas en esa sociedad, este tipo de conducta como cualquier otra, estará sujeta, para realizarlo o no, a las probabilidades reales que existan de que el ilícito a cometer pueda o no llegar a ser castigado por el Estado.
EN ESTOS TÉRMINOS, la seguridad jurídica de las personas y de sus bienes, es el valor más preciado que el Estado debe cumplir y satisfacer al gobernado. Fue Juan Jacobo Rousseau en su importante tratado “El Contrato Social” quien definió de manera precisa, palabras más palabras menos: “Que el ciudadano o gobernado ha declinado en favor del Estado algunos de sus derechos naturales, para que el Estado le otorgue a cambio y le garantice su seguridad jurídica, valor ontológico fundamental para poder vivir en sociedad”.
ES PRECISAMENTE en este punto en donde el Estado Mexicano ha venido fallando históricamente. Si en el pasado la falta de seguridad y garantías individuales incidían sobre las clases más desprotegidas de la sociedad, a las que les era casi imposible obtener justicia por parte del gobierno, en los tiempos que vivimos esa inseguridad no se limita a determinadas clases sociales, somos los 110 millones de mexicanos los que sufrimos la inseguridad.
SI EN ESTOS TIEMPOS los delincuentes tienen la certeza en un noventa y ocho por ciento, de que si comenten cualquier tipo de delito, el brazo de la justicia jamás los alcanzará, ¿cuál sería la razón lógica para no seguir delinquiendo en este paraíso de impunidad en que se ha convertido nuestro país? Pues ninguna.
LAS ESTADÍSTICAS en esta materia nos señalan entonces, que son los Ministerios Públicos los que no han podido cumplir con el Contrato Social; sea esto por falta de recursos humanos o materiales, falta de capacitación o de simple falta de espíritu justiciero; Es por ello, que ha sido en las procuradurías de justicia, muy especialmente, por donde se nos está pudriendo el país; pues siendo aquéllas impotentes para afrontar la delincuencia, perseguirla y llevarla ante los tribunales, están fomentando este paraíso de impunidad que es fuente y origen de las desgracias de México.
LAS OBRAS PÚBLICAS que hagan los gobiernos tienen su relativa importancia; pero mucho más importante que todas aquéllas, es una efectiva persecución de los delitos, la aplicación de la ley y el abatimiento de la impunidad. Esto sería lo único que podría salvar al país; pero con la impunidad que padecemos será imposible la viabilidad de cualquier sociedad y hasta la del mismo Estado.
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