La renuncia de Humberto Moreira al cargo de gobernador de Coahuila apunta a la consolidación del clan familiar que encabeza como dueño omnímodo del poder político en la entidad y proyecta su estilo de gobierno al escenario nacional.
Poseedor de un alto nivel de aceptación entre sus gobernados, y en pleno control de la política del Estado, estos reconocimientos contrastan con el más alto grado de endeudamiento público en la historia de Coahuila, y con un mediocre desempeño administrativo y de los servicios públicos, que afecta al bienestar de los ciudadanos.
En efecto, pese a que Moreira ha recibido en números comparativos y absolutos, más recursos que cualquier otro gobernador en el pasado, Coahuila es el Estado de la República que presenta la mayor caída del Producto Interno Bruto a raíz de la crisis económica internacional que nos azota, y uno de los estados que mayor grado de desempleo y más baja inversión privada registra.
La explicación de tan marcado contraste entre la gran aceptación del ex gobernador y los cuestionables resultados de su gestión, reside en tres causas fundamentales: Un enorme gasto en la promoción de la imagen pública de Moreira que incluye desde el control de comunicadores y medios de comunicación, hasta la creación de una cadena oficial de radiodifusoras; la operación de programas sociales dirigidos a las clases más pobres en base a padrones orientados a la acción política electoral; y el crecimiento de la burocracia que conlleva el abultamiento de la nómina de funcionarios y empleados, que pone al servicio de los intereses del grupo Moreira las estructuras de Estado y Municipios.
El reparto de la ejecución de obra pública que ha sido notable en vialidades y otras obras de relumbrón, está condicionada a compromisos de toma y daca con empresarios que se encuentran cautivos y al borde de la quiebra en virtud del propio endeudamiento del gobierno con sus proveedores, lo que los hace incapaces de cualquier manifestación de inconformidad, protesta o disidencia.
Moreira ha sometido a los grupos históricos del PRI; ha anulado el sistema de división de poderes al integrar un Congreso de mayoría moreirista; ha eliminando toda clase de contrapesos; controla el IEPEC que es el árbitro de las elecciones locales, ha arrebatado a los Municipios su autonomía y su papel de representación política, imponiendo alcaldes títeres convertidos en meros delegados de la autoridad estatal. Lo anterior ha acabado con el sistema de rendición de cuentas, ha reducido a su mínima expresión la participación ciudadana y amenaza con el fracaso no sólo del sistema democrático, sino de todo esfuerzo por articular una sociedad abierta.
Esto ha sido posible debido al éxito de Moreira al replicar en las instituciones públicas de Coahuila el funcionamiento de la estructura en la que tiene su origen profesional y político, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Moreira no es el maestro normalista que en el escenario de la cultura del esfuerzo escala peldaños. Moreira surge de un clan familiar ligado desde hace tres generaciones a la estructura del SNTE, como factor de poder emergente a raíz de la alternancia en el Gobierno Federal, y goza del apoyo de los recursos públicos implicados. El fenómeno Moreira es una metástasis del cáncer que la burocracia sindical significa para el país y su tejido social.
Con tales antecedentes es fácil comprender que el estilo Moreira haya encajado a la perfección en la estrategia de retorno del PRI a Los Pinos, bajo el proyecto al que Enrique Peña Nieto presta su nombre y su rostro. La disyuntiva para los mexicanos es la de volver al pasado autoritario, o continuar por el camino hacia la democracia plena a través de la participación ciudadana, en pos de la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas.
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