El proceso de Javier Villarreal, extitular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, por delitos relacionados con el origen de la deuda pública del Estado, es un teatro que insulta a la inteligencia de los coahuilenses.
El gobernador con licencia Humberto Moreira, en un principio negó la existencia de la deuda contraída por su gobierno, después mintió sobre su monto, más tarde negó la falsificación de documentos, después echó la culpa al gobernador substituto y terminó presentando él mismo una denuncia el mes de agosto, con el propósito hoy evidente de mantener bajo control los efectos políticos del fraude cometido y legitimar el origen delictivo de la enorme deuda, de la cual dice: "el ofendido soy yo...".
Hoy está a la vista que la deuda existe, que fue contratada falsificando decretos del Congreso del Estado, y que la disposición de ese dinero carece de soporte legal. Lo anterior se suma a la opacidad en el manejo de tales recursos que nadie informa en qué se gastaron, porque tanto Humberto Moreira como el gobierno títere que dejó en su lugar, han hecho oídos sordos al reclamo de los ciudadanos sobre el particular.
El manejo político de la deuda revela un talante dictatorial, que pone los pelos de punta. El propio Congreso de Coahuila sometido al ejecutivo, con dispensa de trámite reconoce la adeuda y legitima la reprogramación de su pago, sin hacer cuestionamiento alguno sobre el origen y destino de los recursos; el Poder Judicial también lacayo del gobierno faccioso, se convierte en escenario del proceso teatral de Villarreal y previsiblemente en manto de impunidad.
Lo anterior pese a que la presunción de fraude y la malversación también están a la vista, atento a que en sus cinco informes de gobierno, Humberto Moreira declaró una obra pública de quince mil millones doscientos setenta mil pesos, apenas el trece por ciento del presupuesto ordinario, lo que lleva a concluir que la enorme deuda de treinta y cuatro mil millones de pesos, cuatro veces superior al promedio nacional por habitante en relación con otros estados, no tiene explicación ni justificación.
La opacidad reinante genera la presunción de que los recursos mal habidos fueron empleados en el impulso del proyecto político electoral de los hermanos Moreira en sus dos vertientes; en el lanzamiento y colocación de Humberto Moreira como presidente nacional del PRI y el traspaso de la gubernatura de Coahuila, en beneficio de Rubén Moreira su hermano consanguíneo.
El reclamo llegó al Senado de la República, que el martes de la semana pasada aprobó un punto de acuerdo, en el que se pide a la Procuraduría General de la República que practique las investigaciones que derivan de dos denuncias sobre el tema, presentadas por la Secretaría de Hacienda.
Este último suceso detona la aprehensión de Villarreal por parte de las autoridades fiscales y judiciales de Coahuila, a fin de mantener en el ámbito de Moreira el control del proceso, que por razones de sentido común y de estricto derecho, corresponde ser atraído por la PGR.
Al ciudadano común no le interesa que la investigación descubra cómo le hizo Javier Villarreal para engañar a Hacienda y a los bancos, lo que interesa es conocer el destino del dinero mal habido, que deriva en una deuda cuyo pago mermará durante veinte años los recursos de los coahuilenses y se traducirá en un aumento de impuestos, así como en una reducción de la obra y los servicios públicos.
A despecho del teatro montado por el sistema Moreira, sigue en pie la exigencia de que la Procuraduría General de la República acelere y concluya la investigación que aclare los hechos y finque responsabilidades con vista al castigo a los culpables, así como a la recuperación del botín sustraído del bolsillo de los coahuilenses.
