En México no sólo se denuncia una pequeña fracción de los delitos cometidos a diario, sino que los pocos ciudadanos que lo hacen no logran ver a sus agresores capturados y mucho menos que reciban condena.
Una investigación realizada revela que por cada 100 averiguaciones previas abiertas entre los años de 2007 y 2010, sólo se consignó a diez personas ante un juez de primera instancia y únicamente seis de ellas recibieron una sentencia condenatoria.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2007 a 2010 se presentaron 7 millones 89 mil 769 denuncias por delitos de los fueros federal y común ante las agencias del Ministerio Público.
Pero, según las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI, estas agencias apenas procesaron a 728 mil presuntos delincuentes ante los juzgados de primera instancia. De éstos, los jueces sólo dictaron sentencia condenatoria a 412 mil 705.
Al considerar únicamente los delitos del fuero federal, la Procuraduría General de la República (PGR) pudo llevar ante el Poder Judicial a 25 personas por cada 100 averiguaciones previas, pero sólo 16 de ellas recibieron una sentencia condenatoria.
En tanto, para los delitos del fuero común las procuradurías estatales apenas consignaron a nueve personas por cada 100 averiguaciones previas, y los jueces impusieron una pena a cinco. El resto fue absuelto.
Semanas atrás, el Ejecutivo federal y el Poder Judicial se enfrascaron en una polémica sobre quién tenía la culpa de que posibles criminales libraran la acción de la justicia. El presidente Felipe Calderón había señalado como responsables a algunos jueces, que dejaban en libertad a presuntos criminales por tecnicismos jurídicos.
"Uno los agarra y los agarra y los agarra y ellos (los jueces) los sacan y los sacan y los sacan", había afirmado el primer mandatario en alusión a Néstor Moreno, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad, y estando aún cercanos los fracasos de los casos de Jorge Hank Rhon y Gregorio Sánchez.
Por su parte, desde el Poder Judicial se atribuía esta culpa a la ineficiencia del Ministerio Público por no integrar bien sus expedientes.
