El juez de Distrito impuso sentencia irrisoria de 45 pesos por el delito de hostigamiento sexual al exdelegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Quintana Roo (CDI), acusado de acoso sexual por parte de ocho trabajadoras de este organismo público, de las cuales, cuatro son de origen maya al igual que él.
Gabriela Rojo, de la clínica jurídica Rojo y especializada en la defensa del género lamentó esta doble "victimización" de la que fueron objeto este grupo de mujeres por parte del Ministerio Público Federal, dado que detectó una serie de irregularidades en todo el proceso que data de 2007.
El juez de Distrito encontró culpable al exdelegado de la CDI, Alfredo Caamal Huchin, pero del delito de hostigamiento sexual y no acoso sexual que fue la causa de la demanda; le impusieron una multa de 45 pesos, sentencia que dijo tiene una cara "misógina" que deja en estado de indefensión a estas mujeres.
La sentencia la emitió la autoridad federal desde el 31 de mayo y nunca fueron notificadas las agraviadas y el Ministerio Público Federal no apeló esta resolución, los cual es muy lamentable, declaró.
"Es increíble que en las declaraciones las víctimas hayan manifestado que eran tocadas, acosadas sexualmente, encerradas en las oficinas públicas e incluso a una la obligó a ir a un motel y todos estos elementos no hayan sido suficientes para dictar una sentencia ejemplar", afirmó.
El Ministerio Público no aportó elementos suficientes para acreditar el delito de acoso sexual y desestimó practicar y presentar pruebas psicológicas y periciales de las agraviadas para comprobar, entre otras cosas, el daño moral permanente que les ocasionó, precisó Rojo.
La abogada dijo que tampoco reclamó la autoridad federal la realización de careos y nunca les notificaron de esta sentencia "irrisoria".
Informó que Caamal Huchin apeló la resolución del juez de Distrito ante el Tribunal Unitario de Cancún y el 25 de julio de este año esta autoridad le dio una sentencia de 45 pesos por delito de hostigamiento sexual.
Ante esta determinación, el acusado decidió promover un amparo directo en contra de la apelación ante el Tribunal Colegiado de Cancún bajo el expediente 514/11 y estamos a la espera de que resuelvan, explicó.
Gabriela Rojo informó que analizan la posibilidad presentar un alegato dentro del amparo directo para hacerles ver a los magistrados que esta sentencia es injusta y la falta de actuación del Ministerio Público Federal. También están valorando si lo demandan por la vía civil, pero sería otro desgaste para estas mujeres.
