Ayer presentó su informe de gobierno don Jorge Torres López, último reporte del sexenio que gobernó Humberto Moreira y que concluirá el propio Torres el día último de este mes.
En la ruta del poder que hace años trazaron los hermanos, Humberto y Rubén Moreira Valdés, el interinato del hoy gobernador estaba previsto. La idea de que el cambio de poderes no fuera entre los Moreira se dibujó hace muchos meses atrás; era claro que habría de dejar a algún encargado de despacho a modo, y quién mejor que el propio Torres López, que ya había cumplido esa labor cuando relevó al profesor Moreira en la alcaldía de Saltillo, justo cuando el flamante presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI dejaba la alcaldía en pos la gubernatura que a la postre conseguiría.
Con ese plan, la intención era que el informe de hoy fuera una especie de resumen de todo lo realizado en la presente administración. Incluso, tal como ocurrió, el gobernador con licencia Humberto Moreira recibió muestras de afecto popular por grupos de personas que suelen asistir a ese tipo de eventos y que es verdad su gobierno procuró brindar abundante trabajo social, que ayer le fue retribuido.
Sin embargo, dos elementos escaparon de la planeación hecha años atrás. El primero era sin duda que el prestigio político que acuñó Humberto y las condiciones que imperaban en la palestra nacional de su partido le permitieron ascender al máximo cargo de su partido sin obstáculo alguno. El segundo fue que quizá en un exceso de confianza en que todo les salía como se lo proponían, el Poder Ejecutivo del estado de Coahuila contrató créditos de manera ilegal por un monto superior a los 5 mil millones de pesos. Javier Villarreal, extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, ha aparecido como quien de su motu proprio urdió el plan para que se cometiera el presunto delito de fraude equiparado y por el cual ya enfrenta un proceso penal. Con él, han implicado a cinco exfuncionarios menores, uno de ellos, ya pasó por la cárcel unas horas por ese hecho, pero al ofrecer fianza, al igual que el primero, llevarán su juicio en libertad bajo caución. Estos dos factores combinados, han propiciado que la que parecía una perenne luna de miel entre Humberto Moreira y el poder político terminara abruptamente.
Primero que nada, no hay manera de justificar que se haya contratado de manera ilegal la deuda, falsificando documentos del Congreso de Coahuila y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los Moreira pudieron ordenarle a sus diputados serviles que les autorizaran todos los créditos que necesitaran, tenían la potestad constitucional para hacerlo. Quizá decidieron la ruta de la ilegalidad para: o bien ocultar lo abultado que era ya el crédito al que habían comprometido las arcas coahuilenses o simplemente para disponer de esos miles de millones sin supervisión alguna, ya que el Congreso no se había enterado de esos manejos.
Independientemente que el fondo del asunto, de que si endeudar a esos niveles de prácticamente un año completo de ejercicio presupuestal, que representan los casi 34 mil millones contratados, fue la ruta para sacar al estado de sus rezagos históricos -que ciertamente hubo avances sensibles en muchos indicadores de desarrollo social- y que eso naturalmente se preste a supina corrupción al correr esos ríos de dinero sin contrapesos, sencillamente ayer, el gobernador Torres López no pudo justificar el monto de la deuda, ya que en el informe se señala en este sexenio, se invirtió en obra 52 mil quinientos millones de pesos.
Si la deuda es de casi 34 mil millones, equivaldría a que con recursos corrientes, el gobierno de Moreira sólo destinó 18 mil millones de pesos, más los 34 mil millones, daría con el número que manejó Torres.
Sin embargo, la firma Fitch muestra que los reportes del mismo gobierno, señalan que lo que se gastó en obra fue poco más de 42 mil millones, y que sólo se utilizó un déficit de 5,300 millones de pesos.
Esto quiere decir que simplemente ayer, a Jorge Torres no le pudieron cuadrar las cifras o sencillamente así se decidió que fuera, porque a final de cuentas, como dice un principio básico de Derecho, "nadie está obligado a lo imposible", así que cómo se podía esperar que lo hiciera, a menos que reconocieran que efectivamente no se actuó apegado a la legalidad, y como esa vía era impensable, simplemente se vio el gobernador en el primer supuesto, así que no podía explicar lo inexplicable.
