La elección en Michoacán deja como principal advertencia la proliferación del narcovoto como determinante en los resultados de las votaciones.
Entiéndese como tal la intervención de bandas criminales armadas y encapuchadas, ya para inhibir el voto o controlar los resultados seccionales, a partir de la intimidación bajo el argumento de plata o plomo, en contra de los sufragantes y de los ciudadanos escogidos por el órgano electoral como funcionarios de casilla, así como de los representantes de los partidos.
No se piense que la actuación es torpe, evidente o descarada; a los intrusos y a sus cómplices que en el campo de la política electoral resultan beneficiados de la intromisión se les acusa de delincuentes y no de tarugos.
Como el crimen organizado no tiene una estructura única y por el contrario, se trata de una hidra de muchas cabezas que pesca a río revuelto, el fenómeno ocurre con o sin el apoyo de los políticos de los partidos que en el primer caso participan de la actividad criminal y en el segundo se convierten simplemente en acreedores voluntarios o involuntarios de las fuerzas del hampa.
La intervención nociva de que se trata se encuentra cuidadosamente prevista y dirigida mediante una logística de ingeniería electoral que por sutil puede denominarse quirúrgica, vinculada a las encuestas previas durante la campaña, a las encuestas de salida el día de la elección y a otras herramientas ordinariamente empleadas por los protagonistas electorales normales.
En tal escenario se localizan en primer término las secciones ubicadas en sitios vulnerables por encontrarse de manera natural en una zona en la que las bandas criminales tienen presencia, y enseguida se procede a aplicar la dosis de violencia estrictamente necesaria para efectos de controlar el proceso, desde la intención del voto hasta su emisión y cómputo, dirigido todo ello a un resultado previamente determinado.
Es difícil para el gobierno en sus tres niveles y para los partidos hacer una previa advertencia sobre el riesgo que es objeto de comentario, porque un pronunciamiento en ese sentido desalentaría la participación ciudadana en las elecciones, haciendo aún mayor el efecto falsificador que la intromisión implica. A ello se debe que en las mencionadas elecciones michoacanas los partidos que intervinieron hayan omitido hacer pública denuncia, aunque existe constancia de que las denuncias se hicieron en tiempo y forma tanto ante el consejo electoral como en la mesa de diálogo entre los contendientes.
La intromisión delictiva se demuestra en virtud de resultados desproporcionados en comparación con las tendencias generales del proceso electoral de que se trate y hasta en el extremo que implica la aparición de casillas zapato en las zonas críticas. Se trata de algunos casos en los que el partido derrotado no saca un solo voto, cuando en la votación general fue vencido por menos de dos o tres puntos de diferencia.
Lo anterior implica una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos, y en particular al derecho al voto libre y secreto, lo que pone en pliego la legitimidad de los resultados, en los casos en que las elecciones sean reñidas, como se espera que lo sean las elecciones del año entrante.
Como consecuencia se hace necesario proyectar algunas medidas de cara a las elecciones presidenciales del 2012, pues resulta previsible suponer que las elecciones locales en las que se ha detectado este fenómeno hayan sido el laboratorio previo para probar su eficacia.
Una forma de mediatizar el riesgo reduciendo los efectos del narcovoto, aconseja eliminar del conteo final los resultados extremos que desde el punto de vista aritmético se adviertan falsos, por encontrarse incongruentes con las tendencias generales de la votación. En el seno del Instituto Federal Electoral y con el apoyo de los partidos, se puede tomar un acuerdo en este tema en particular sobre la base de una fórmula obtenida con el apoyo técnico de actuarios matemáticos y especialistas en estadística.
