Niños indígenas, los más vulnerables a ser robados

Juan y Antonia, una pareja indígena, habían recorrido varios kilómetros por Oaxaca para poder llegar a la capital de su Estado y después iniciar su lucha hacia la Ciudad de México en busca de ayuda.

Querían encontrar a su hijo de siete años de edad que fue robado en su pueblo, en la sierra oaxaqueña.

Cuando el director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos abrió la puerta de su oficina para recibirlos los encontró desesperados: los indígenas estaban cansados y sin dinero para seguir su viaje. Al entrar al despacho, el padre observó las fotos de niños desaparecidos que están colgadas en las paredes de la fundación; se tapó la cara y se echó a llorar. "Ni siquiera tengo foto de mi hijo, ni documentos, nada", dijo el hombre en un limitado español.

El robo de infantes en zonas indígenas es un problema que va al alza, coinciden organizaciones y legisladores. La falta de registro de los menores ante un padrón oficial dificulta, no sólo la investigación para dar con su paradero sino también interponer denuncias, porque los padres no cuentan con datos suficientes para levantar un expediente ante las procuradurías.

La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos -que tiene cinco años documentando este tipo de casos- asegura que en el último lustro han acumulado 20 mil denuncias, llamadas y peticiones de padres indígenas que extraviaron a sus hijos.

Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la organización, aclara que el número puede ser menor porque los padres que encuentran a los menores no reportan el hecho, pero, "es indiscutible que éste es un problema grave en zonas abandonadas del país".

La organización no gubernamental Tlalchinollan -reconocida internacionalmente por su trabajo en defensa de derechos humanos- señala que los niños desaparecidos en la Montaña de Guerrero terminan en la pisca en campos de Sinaloa y otros estados, en redes de prostitución infantil y explotación para quehaceres domésticos, y hasta para el tráfico de órganos.

 LAS REGIONES MÁS AFECTADAS Gutiérrez Romero menciona que Guerrero, Oaxaca y Chihuahua (en la zona tarahumara) es de donde más se reciben reportes de desaparición de menores, y coincide en que muchos adolescentes son llevados con engaños a campos agrícolas en el norte del país y sólo años después los padres vuelven a saber de su paradero.

En Tlapa de Comonfort, con base en reportes que publican los medios de comunicación en esa región de la Montaña guerrerense, se presentan de dos a tres casos al mes de niños o niñas indígenas que desaparecieron.

Neil Arias, directora del área jurídica de Tlalchinollan, menciona que el problema que se presenta en los municipios de la Montaña de Guerrero se debe a la falta de actas de nacimiento, así como las pruebas documentales para sostener la denuncia de hechos. "Es un trauma para las familias, aquí en la Montaña carecemos de esa parte como actas de nacimiento y fotos, hay niños y gente adulta que no tiene su registro, por eso muchos casos no son denunciados, porque aquí sí es uno de los requisitos para que puedas registrar que es una persona extraviada", dijo la defensora legal de Tlalchinollan, agrupación con sede en Guerrero.

Según la coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, en Guerrero hay 300 mil personas sin acta de nacimiento ni otro documento que les permita identificarse.

De esa cantidad, 60% son niños y 40% adultos, sobre todo adultos mayores no han podido regularizar su registro. En la Montaña y Sierra es donde más se presenta el problema.

El diputado priista Iván Marroquín coincide en que hay una alarma por niños desaparecidos en zonas indígenas de Guerrero, y resalta la falta de ministerios públicos en las áreas alegadas.

"Cuando llegan a realizar la averiguación previa, que de por sí tuvieron que viajar kilómetros par encontrar un MP, ponen trabas de documentación".

Tlalchinollan explica que los casos de niños desaparecidos son en los municipios de Metlatónoc, Cochoapan el Grande, Atixtlac, Acatepec.

Ante la Procuraduría de Justicia del estado, según denuncias registradas en medios de comunicación por parte de padres de familia que denuncian, existen 15 casos en 2010 de desaparición de niños indígenas que son robados cuando fueron a la escuela.

"Los casos denunciados ante la procuraduría no son investigados, no hacen diligencias para seguir las líneas de investigación a pesar de que los padres se desviven dando datos de cuándo fue la última vez que vieron a sus hijos; sólo los archivan", dice Neil Arias.

Les cierran acceso a apoyos sociales

Entre 10 mil y 12 mil indígenas carecen de posibilidades de acceder a los programas sociales del Gobierno Federal en Guanajuato por la falta de una legislación local que los reconozca y porque muchos no tienen acta de nacimiento, explicó la diputada Luxana Padilla Chávez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado.

La etnia chichimeca -la única en todo el país asentada hace más de 500 años en el noreste de la entidad- y grupos otomíes de varios municipios viven en la pobreza, sin las condiciones jurídicas para ser integrados a los programas de vivienda y otros de carácter social, explicó la legisladora local.

El recurso federal no ha logrado fluir por la ausencia de una ley indígena que los grupos étnicos han reclamado desde hace más de 12 años "y no les hacían caso".

La diputada panista informó que el legislativo integra una iniciativa de ley que reconozca los derechos de identidad y cultura de los pueblos indígenas en Guanajuato.

A través de investigaciones, el Congreso del estado ha logrado recabar información sobre la población indígena radicada en la entidad, aunque es imprecisa, porque bastantes están en el anonimato por no estar inscritos en el Registro Civil, explicó la legisladora panista.

"La mayoría están en la Sierra Gorda y ahí son siete etnias, principalmente chichimecas y otomíes; están en Victoria, Tierra Blanca, en San Luis de la Paz. Más que nada, ellos hacen artesanías, hacen cosas de cocina como son: gorditas, tortillas, venden productos, son comerciantes; hacen ropa de muy buena calidad", afirmó Padilla Chávez.

En León hay indígenas que migraron del sureste del país desde hace más de una década y que se establecieron en las inmediaciones de la estación del ferrocarril.

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Gerardo Trujillo Flores, dijo que en Guanajuato se ha dado una negación sobre los derechos de las etnias.

"Con una ley indígena se les dará reconocimiento y van a poder tener acceso a los recursos federales, se dará pauta a políticas públicas estatales obligadas para atender a ese sector de la población".