Promesas. Martí dijo que también el Gobierno Federal ha incumplido.
Alejandro Martí afirmó que a tres años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, están sin cumplirse 60% de los compromisos asumidos en el país, por lo que si se tratara de una empresa tendría que haberse "despedido a todos los responsables".
En cuanto al caso omiso que se ha hecho a su reclamo de "si no pueden, renuncien", el presidente de México SOS dijo que por ello la ciudadanía tiene que presionar para que en el Congreso apruebe una buena reforma política, "porque si ellos no renuncian aceptando que no pueden cumplir, por lo menos que la ciudadanía pueda revocarles el mandato".
En entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo que de esa manera se empezarían a ver cosas diferentes, "no una partidocracia tan radical como tenemos ahora".
Alejandro Martí, quien sufrió la pérdida de su hijo Fernando a manos de la delincuencia organizada, que lo secuestró y lo privó de la vida, consideró "una vergüenza" que funcionarios de todos los órdenes de gobierno hayan firmado los compromisos del acuerdo citado "y que no estén cumpliendo".
Señaló, por ejemplo, que la Conferencia Nacional de Gobernadores firmó un convenio para hacer 32 unidades policíacas estatales, es decir, crear el mando único estatal, pero sólo Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Baja California están en proceso de implementación de ese modelo.
Recordó que otro de los compromisos fue la creación de 40 centros de control de confianza, pero sólo se han establecido 10: dos federales y ocho estatales.
Martí dijo que también el gobierno federal ha incumplido, y como ejemplo citó el compromiso del presidente Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de establecer dos cárceles con módulos especiales para secuestradores, de las cuales sólo se ha abierto una y sin dicho módulo.
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A detalle
⇒ Otro de los compromisos fue la creación de 40 centros de control de confianza, pero sólo se han establecido 10: dos federales y ocho estatales.
⇒ La Conago firmó un convenio para hacer 32 unidades policiacas estatales, pero sólo Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Baja California están en proceso de implementación de ese modelo.
