"No hay nada que cueste tanto como ser pobre."
Paul Brulat
Una vez más la Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar una decisión sobre una ley que ataca directamente el sistema de libre competencia. Apenas el primero de septiembre, en una votación dividida de seis contra cinco, el pleno de la Corte rechazó un amparo contra una ley que prohíbe los descuentos en los libros nuevos. El ministro Guillermo Ortiz Mayagotia, por otra parte, prepara ya un proyecto sobre la norma 29, aprobada por el gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que prohibiría el establecimiento de supermercados y tiendas de conveniencia en buena parte de la ciudad de México.
La Comisión Federal de Competencia emitió una resolución que condena la medida debido a que generaría "mayores rentas económicas" para algunos comerciantes y "perjudicaría al consumidor, quien carecería de opciones competitivas para adquirir productos de la canasta básica, en términos de mejor calidad a menores precios, así como mayores alternativas y variedad de establecimientos".
La norma 29 parece diseñada para que se cobren mayores precios a los más pobres, ya que restringiría el establecimiento de supermercados y tiendas de conveniencia en los lugares cercanos a los "mercados populares", que son precisamente las zonas de más escasos recursos. Parece difícil creer que un gobierno que se llama de izquierda pudiera castigar de esta manera a los pobres, pero eso es precisamente lo que está haciendo Marcelo Ebrard.
Más que de izquierda o de derecha, sin embargo, el gobierno capitalino es parte de una maquinaria política cuyo propósito es mantener el poder. Los operadores de los mercados públicos, que serían los grandes beneficiarios de los mayores precios que pagarían los pobres, tienen una desmedida importancia política por su capacidad de movilización de votantes. Una de las consecuencias de la decisión de millones de mexicanos de apartarse de las urnas, cosa que ha hecho por desprecio a la clase política, ha sido paradójicamente dejarle a esta misma clase política el control de las elecciones, debido a su capacidad de acarrear votantes el día de la elección. Por eso el gobierno capitalino tiene más interés en quedar bien con un grupo que tiene capacidad de movilización electoral que en defender los derechos de los pobres.
La Suprema Corte de Justicia tendría que desechar de manera automática la norma 29. El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, en tanto que el quinto establece que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos". Nadie ha señalado que el comercio de alimentos sea ilegal. Por lo tanto, no se le debería prohibir a nadie esta actividad y mucho menos con el propósito expreso de librar de competencia a un grupo en particular.
Los argumentos de algunos de los ministros de la Corte al declarar constitucional la prohibición a los descuentos en los libros, sin embargo, hacen dudar de su comprensión de los principios básicos de la economía. ¿A quién se le puede ocurrir que mantener elevados los precios de los libros promoverá la lectura o el surgimiento de nuevas librerías? Sin embargo, éstas fueron algunas de las razones que se argumentaron para ratificar la prohibición.
La próxima decisión de la Corte es importante por varias razones. La norma 29 no sólo viola principios fundamentales de un mercado libre, sino que además está diseñada para perjudicar a los más pobres. Si los ministros deciden avalarla, habrá que ver si por lo menos tienen el valor de reconocer que lo hacen para generar rentas monopólicas a un grupo de comerciantes a expensas de los consumidores de menos recursos.
POCO EFECTIVO
El impuesto a depósitos en efectivo recaudó 17,700 millones de pesos en 2008, su primer año. En 2010 la cifra cayó a 8,022 millones. Para este 2011 la meta eran 19,304 millones, pero en el primer semestre apenas consiguió 2,912 millones. Al parecer quienes pagaban el gravamen han encontrado ya otras formas de mover su efectivo.
