A una semana de que volvieran a clases, tras de 10 días de mantener suspendidas las actividades académicas, este martes los profesores volverán a cerrar las aulas para recordar el quinto aniversario del desalojo fallido del que fueron objeto en 2006 por parte de policías estatales.
Este martes, un millón 300 mil estudiantes de primaria se quedarán nuevamente sin clases como sucedió del 23 de mayo al 6 de junio pasado, cuando los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron labores para exigir que los gobiernos estatal y federal cumplieran sus demandas políticas y educativas.
El 14 de junio de 2006, elementos de diferentes corporaciones policiacas estatales intentaron desalojar a los profesores que se encontraban en el zócalo de la ciudad de Oaxaca exigiendo mejoras laborales.
Los maestros se habían plantado en el zócalo desde el 15 de mayo, como cada año lo hacen desde la década de los 80, sin embargo, el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz había prometido que la ciudad ya no sería rehén de las manifestaciones y optó por enviar a la Policía para desalojarlos y dejar libre el primer cuadro de la capital.
Aquella mañana, los cientos de policías encabezados por José Manuel Vera Salinas no pudieron contra los miles de profesores tras registrarse una trifulca. Tres días después, los maestros y otras organizaciones políticas conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
La toma del zócalo permaneció hasta el 25 de noviembre de 2006 cuando entró la Policía Federal para desalojarlos.
Los maestros ahora exigen castigo en contra del extitular del Poder Ejecutivo, "porque él fue el responsable de todas las violaciones a los derechos humanos que se han dado y no vemos respuestas del actual gobierno", denunció el dirigente de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi.
A consecuencia de este conflicto político-social, en 2006 un millón 300 mil estudiantes se quedaron sin clases por espacio de seis meses. A cinco años de esos sucesos, quienes integran la Sección 22 siguen exigiendo castigo para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
