Llora. Valentina Rosendo Cantú (c), su hija Yenis Bernardino Cantú (i) y el secretario de Gobernación mexicano, Alejandro Poiré.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú, indígena originaria de Acatepec, Guerrero, violada por elementos del Ejército mexicano en febrero de 2002.
Durante el acto público en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la titular de la PGR, Marisela Morales, informó que el 20 de septiembre la institución atrajo este caso y un equipo multidisciplinario realizará una exhaustiva investigación sobre los hechos.
En el Museo de la Memoria y Tolerancia y ante Valentina Rosendo, así como su hija Yenis y familiares, Poiré Romero destacó:
"El Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el caso de Valentina Rosendo Cantú", anotó en cumplimiento a la sentencia de la CoIDH del 1 de octubre de 2010 y en atención a la instrucción del presidente Felipe Calderón.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló: "señora Valentina: a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos".
Dijo que los desvíos de los servidores públicos en el cumplimiento de su deber, que derivan en violaciones a los derechos humanos, deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente por el Estado mexicano.
Asimismo señaló que casos aislados como el de Valentina no representan de modo alguno la política del Estado mexicano orientada en todo momento por la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.
El secretario de Gobernación se dijo convencido de que la única manera de honrar la perseverancia de Valentina en la búsqueda de la justicia implica "no solamente traer esa justicia y dar pleno a la sentencia de la Corte".
Sino también implica, continuó, consolidar las transformaciones institucionales que se han venido empujando y alcanzado en los últimos años para que hechos tan lamentables y terribles como los que sufrió no se repitan en ninguna persona, en ninguna parte del país.
En este marco, Poiré reiteró el compromiso del Gobierno Federal de no escatimar ningún esfuerzo para seguir cumpliendo cabalmente con la sentencia y subrayar que "tenemos una tarea pendiente y que hoy en esa tarea en México los derechos humanos en el país cada vez se protegen más".
Además, abundó el funcionario federal, cada vez se otorga una mayor protección a las víctimas y que esa debe ser la vocación, obligación y compromiso sin un descanso.
Poiré Romero refirió que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero mantiene abierta una investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para fincar responsabilidades y sancionar a quienes, en su caso, obstaculizaron el acceso a la justicia de la indígena guerrerense.
A su vez la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, informó que será la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra) la encargada de llevar a cabo las investigaciones del caso.
"He instruido que se lleve a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales con libre acceso al expediente y la conformación de un plan conjunto de trabajo", explicó.
La abogada de la nación subrayó que el acceso pleno y sin reticencia a la justicia es un derecho universal consagrado en la Constitución y debe ser otorgado a plenitud a las víctimas y a los ofendidos.
El Estado como responsable de la seguridad de sus ciudadanos, afirmó, tiene la obligación indeclinable de instrumentar los mecanismos legales y prácticos para hacer válido tal acceso a la justicia.
Morales Ibáñez aclaró que ésta se administra con vocación ética y se imparte con vocación histórica, al recordar que el gobierno de México es respetuoso de las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales.
A su vez, Valentina Rosendo recordó sus nueve años de búsqueda de justicia, tiempo en que enfrentó el rechazo de su comunidad y la llamaron mentirosa, por ello llamó a todas las mujeres a seguir adelante para romper esta cadena de impunidad.
"A lo largo de nueve años, he buscado justicia de parte del gobierno, no he recibido atención ni buen trato", expresó.
Refirió que su lucha "va a ayudar a otras que están en las mismas situaciones y que no denunciaron o sí denunciaron, pero quedó archivado y no se ha investigado. O bien que no denunciaron por miedo, por vergüenza, porque no hablan español".
En este marco, agradeció a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación que la apoyaron en su camino hasta lograr que se hiciera justicia en su caso.
Entre ellas, Tlachinollan, encabezada por el antropólogo Abel Barrera, o bien organismos como Amnistía Internacional, Cejil y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras; "para mí no hay palabras para agradecer".
Al respecto, Abel Barrera recordó lo que pasó Valentina a lo largo de nueve años de resistencia y de alzar la voz; 'fueron difíciles, tristes años, tú llevaste esa justicia, esa justicia que no se puede pronunciar en me'phaa porque no se conoce, que buscamos en me'phaa y que nos ha impulsado a seguir".
V. ROSENDO EFE
Cronología del caso
⇒ Febrero de 2002. Valentina Rosendo Cantú fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería. Tenía 17 años al momento de la agresión.
⇒ Noviembre de 2003. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
⇒ En 2009. La Comisión presentó una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
⇒ Agosto de 2010. La Corte emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de violaciones a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, los derechos del niño, las garantías de acceso a la justicia y a la protección judicial, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú.
⇒ La sentencia condena al Estado mexicano a reformar la legislación militar, a pagar una compensación económica a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios.
