La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR) reportó a diputados federales que, entre febrero de 2008 y septiembre de 2011, atendió y dio seguimiento a 895 menores de edad víctimas de violencia de género y/o trata de personas.
Así, en los últimos 43 meses de lo que va de esta administración han sido atendidos un promedio mensual de 20 menores de edad que han sido víctimas de ese tipo ilícitos, y la dependencia informó que "está construyendo un modelo de atención interinstitucional" en la materia.
Según la dependencia la atención se realiza conforme a los estándares internacionales y "se aplicó en los cuatro centros que tenía la fiscalía", pero ahora tendrán continuidad en la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.
Estos datos fueron enviados a la Cámara de Diputados por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la PGR en el oficio DGPPCIN/2662/11, en respuesta a un exhorto del pleno legislativo para que se aplique un programa de atención a menores víctimas del narcotráfico, petición que fue ignorada en la respuesta ofrecida por autoridades federales.
RESPUESTA DESPUÉS DE UN AÑO Según el punto de acuerdo promovido por la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional (PAN) desde hace un año, en diciembre de 2010, y aprobado apenas el 4 de octubre pasado, se exhortó al Ejecutivo a atender a menores y adolescentes víctimas del crimen organizado dedicado a las drogas.
La petición se dirigió a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para realizar "acciones y medidas necesarias con miras a implementar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico" pues, se valoró, crece la afectación a menores debido la violencia de las bandas criminales, mismos que también los reclutan.
Los menores "se han visto involucrados en balaceras entre bandas y policías o por ser hijos de militares o policías, lo que ha derivado en que un gran número de ellos se han quedado sin sus padres, y con daños físicos y mentales, para lo cual es necesario que reciban apoyo con el objeto de que superen esa situación y logren reintegrarse a la sociedad", se expuso en el reporte.
Según la diputada del PAN, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) el crimen usa a niños y adolescentes en toda la línea de producción y tráfico de drogas y "especialistas calculan que aproximadamente 30 mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas".
Sin embargo, en su respuesta a legisladores, la Procuraduría General de la República omitió dar cifras oficiales respecto a estos casos particulares.
