Un grupo de 20 organizaciones demanda que se enjuicie también a los antecesores del ex gobernador en Chiapas.
Organizaciones sociales y campesinas exigieron transparencia y legalidad en el proceso penal contra el ex mandatario Pablo Salazar Mendiguchía, y demandaron que se enjuicie también a los antecesores de éste en el gobierno de Chiapas.
Un grupo de 20 organizaciones con presencia nacional y estatal advirtieron que, tras el arresto del ex gobernador chiapaneco, las reacciones de funcionarios de gobierno y actores políticos en los últimos meses configuran un clima de tensión, de iniciativas y respuestas que se encuentran en el terreno de la política.
Señalaron que la detención Pablo Salazar ha desatado diversas opiniones, algunas de las cuales llaman la atención.
"¿Con qué autoridad moral un ex gobernador como (Roberto) Albores Guillén otorga su reconocimiento al gobernador actual por estar aplicando justicia cuando en su caso y , en su momento, la opinión pública le señaló innumerables ocasiones de faltar la legalidad durante su gobierno?, cuestionaron.
La justicia, argumentaron, debe alcanzar también a los ex gobernadores Absalón Castellanos Domínguez , Patrocinio González Garrido, los priista Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruíz Ferro y el último Albores Guillén.
Organizaciones como La Unión General Obrera Campesina y Popular ( UGOCP), La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas ( UNORCA ) y Organización Campesina Emiliano Zapata- Coordinadora Nacional Play de Ayala ( OCEZ-CNPA) indicaron que el tiempo que lleva el actual gobierno coincide con la ejecución de un "juicio mediático sin precedentes".
"El argumento central ha sido el supuesto desvío de 11 mil millones de pesos para la reconstrucción de los daños del huracán Stan; Salazar está detenido, pero no con relación a ese monto financiero.
"Incluso, Salazar asegura que en caja quedaron 2 mil millones, de los cuales se debe rendir cuentas ¿quién tiene la razón? ¿qué mecanismos tiene el pueblo de Chiapas para conocer la verdad?"
Salazar Mendiguchía se encuentra recluido en el penal El Amate, del municipio de Cintalapa de Figueroa, por los presuntos delitos de peculado de 104 millones de pesos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones públicas
Por estos cargos, el juez tercero penal suspendió al ex mandatario sus derechos políticos.
En un documento, en el que figuran también la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) y Totikes del municipio de Venustiano Carranza, se enumeran hechos violentos en Chiapas de los últimos 16 años.
El enfrentamiento en el municipio de Chicomuselo, entre campesinos y policías, cuando protestaban contra la toma de posesión del entonces gobernador Eduardo Robledo Rincón, que se saldó con "7 muertos, varios heridos y 50 detenidos".
En 1997, la matanza en Acteal de 45 campesinos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora los asesinos están libres", indicaron las organizaciones denunciantes.
Agregaron que en 1998, durante el gobierno de Albores Guillén y como parte de la desarticulación de los autoproclamados municipios autónomos, militares, policías e indígenas insurgentes se enfrentaron en el municipio de El Bosque, "el saldo fue de ocho campesinos tzotziles y un soldado muerto, además de 25 zapatistas encarcelados".
Así como en octubre de 2008, cundo un operativo policiaco terminó una protesta campesina en el poblado Miguel Hidalgo del municipio de la Trinitaria, donde murieron seis indígenas de la zona, puntualizaron.
