El gasto público en México tiene un "pobre desempeño" y continúa generando una falta de equidad, debido a que muchas de las asignaciones se hacen por grupos de presión, principalmente en estados y municipios. Así lo establece el "Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados".
Rodolfo de la Torre García, coordinador de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, dijo que el estudio demuestra que algunos programas sociales "probablemente en términos distributivos sean muy cuestionables".
"Hay gasto público que genera una sociedad desigual. Por ejemplo, los subsidios al campo se concentran en los productores con mayor tierra. Es decir, no hacia los que más los necesitan, sino en aquellos que ya cuentan con mayores recursos, por lo menos en la extensión de terreno", dijo el funcionario.
"Encontramos que nuestras instituciones permiten un alto grado de discrecionalidad, sobre todo en los estados, en las entidades federativas en general, que hace que las asignaciones del gasto, pues, no se guían necesariamente por los intereses ciudadanos sino por grupos de presión, por intereses políticos, por gasto mal planeado y que puede ser la ocurrencia de algún gobernante", señaló.
Según el informe, México está lejos de alcanzar la progresividad del gasto social lograda en otros países. En 28 naciones de la OCDE, donde se puede medir la regresividad en la distribución del gasto público en pensiones, México ocupa la última posición, con la distribución más sesgada, en detrimento de los más pobres.
"En América Latina, de 11 países analizados, México ocupa el quinto lugar en regresividad del gasto social, al asignar a 20% de la población con mayor ingreso un gasto social más de tres veces superior al correspondiente a Chile, que ejerce su gasto social con la mayor progresividad de la región. Al hacer una comparación similar con el gasto en salud, México ocupa el último lugar", agrega.
De acuerdo con el reporte, "mientras que el gasto federal en educación se dirige en mayor medida a los más pobres por ingreso, el gasto en salud y las transferencias al ingreso se concentran en los más ricos". El informe asegura que México no cuenta con un sistema universal de atención a la salud, por lo que el gasto público por beneficiario es "50% mayor para la población asegurada que para la no asegurada".
