La inminente celebración del Día del Trabajo, nos ofrece ocasión para lamentar el fracaso de la iniciativa de reforma laboral, presentada y congelada una vez más en el Congreso de la Unión, en el período legislativo que está por concluir.
El marco jurídico que regula las relaciones laborales en nuestro país a raíz de la Constitución de 1917 ha sido un lastre para el desarrollo, porque lejos de buscar el equilibrio de los factores de la producción, fue concebido como instrumento de control político de trabajadores y patrones en manos del PRI gobierno.
Uno de los problemas esenciales de la actual legislación, atañe a la rigidez que imprimen a los contratos de trabajo ciertos principios dogmáticos, entre los que se encuentra la permanencia de los trabajadores en su empleo que consagra con claros tintes sindicalistas la fracción XXII del Artículo 123 de la Constitución de la República, so pena del pago de fuertes indemnizaciones y salarios caídos a los patrones que incurran en lo que se ha dado en llamar "despido injustificado".
Apelando al sentido común, las organizaciones empresariales han sostenido a través del tiempo que los despidos injustificados no existen. Argumentan que un trabajador cumplido y honesto jamás será despedido, salvo que las condiciones del entorno económico obliguen a su patrón a prescindir de sus servicios, por lo que en todo caso, la separación de un trabajador siempre tendrá la justificación de su mal desempeño, o de que sobrevengan condiciones ajenas a la voluntad de la empresa y externas a la relación de trabajo, que hagan imposible su continuación.
No se puede obligar por decreto a ninguna empresa a mantener a un contingente laboral más allá de lo que sus posibilidades económicas reales se lo permitan. Las fuertes cargas y el riesgo que la separación de cualquier trabajador implican para el patrón inhibe la contratación, lo que exige buscar alternativas que respetando los derechos adquiridos en materia de seguridad social, vivienda, antigüedad, ahorro para el retiro, etcétera, ofrezcan alternativas flexibles que fomenten la creación de empleos temporales, entre las que se cuentan los contratos a prueba actualmente prohibidos, o los contratos de capacitación cuya falta de previsión actual, impide romper los círculos viciosos derivados de las deficiencias del sistema educativo nacional, que por cierto también es rehén de un sindicato burocrático.
Otras formas contractuales que se necesitan con urgencia, implican regular la jornada reducida o el pago de salario por horas, así como una mayor flexibilidad de los horarios de la jornada de trabajo.
La falta de los instrumentos mencionados aumenta el costo de producción y pone en desventaja a México en relación con otros países, por lo que el movimiento de globalización detonado a nivel mundial hace al menos veinte años, desde aquel entonces plantea en nuestro país la necesidad de someter a revisión los dogmas constitucionales que en materia laboral frenan la capacidad competitiva y por tanto inhiben la generación de empleo.
Por ello fue que en medio de la terrible crisis económica de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo convocó a los obreros y empresarios del país a un diálogo que culminaría el 13 de agosto de 1996, con la firma del documento "Principios para la Nueva Cultura Laboral", suscrito por las Organizaciones del Congreso del Trabajo y del Consejo Coordinador empresarial.
La tarea referida es la madre de una iniciativa de reforma laboral que contempla las formas de contratación flexible referidas con antelación, que fue presentada al Congreso de la Unión inicialmente por el PAN en tiempos del presidente Fox y en fecha reciente por una parte de los diputados del PRI.
La iniciativa ha resultado fallida en ambos casos, en virtud de que una fracción mayoritaria de diputados priistas que permanece anclada al pasado, considera que cualquiera forma de contratación que escape al rígido control que ahora existe debilita la posición de los sindicatos que como es sabido, lejos de luchar por la defensa de los derechos de los trabajadores y el aumento de la productividad, fueron diseñados para el control de sus agremiados con propósitos político electorales.
