N Uestro país cuenta con una legislación avanzada en materia ambiental, la cual si bien no cubre todos los aspectos normativos que permitan la regulación de las actividades humanas, principalmente las económicas, constituye un marco normativo en el que se puedan encuadrar y aplicar políticas públicas en la materia. Sin embargo, sabemos que el déficit de gestión gubernamental se encuentra en éstas, quizá porque los recursos humanos y financieros no son suficientes para enfrentar los procesos de deterioro ambiental acumulados durante muchos años, lo que ha conducido a que se apliquen más de manera reactiva que preventiva, entre otras razones.
Uno de los instrumentos normativos en el área ambiental son los ordenamientos ecológicos territoriales que se pueden aplicar en diferentes escalas, desde el nivel comunitario hasta regional. Este instrumento gira en torno a la regulación de los usos del suelo, pero puede no limitarse sólo a este recurso e incluir otros como el agua, aire y biodiversidad, con la finalidad de hacer compatible su aptitud natural con las actividades humanas que se practican en el espacio donde se planifique.
En el nivel municipal, son pocas las entidades locales que han avanzado en México hasta establecer y aplicarlos como política pública, en parte por la falta de iniciativa o desconocimiento de dicho instrumento por los gobiernos municipales, incluso por el grado de dificultad que les representa regular los desordenes que se han creado cuando no se planifica, sobre todo con criterios de sustentabilidad, su crecimiento económico y expansión urbana; los problemas a resolverse y los intereses creados asociados a estos dos factores pueden ser tan complicados, como también los recursos disponibles para ordenar su territorio no siempre son suficientes.
Al parecer en nuestro país sólo una veintena de municipios ha concretado sus ordenamientos, cantidad pequeña considerando que son 2,454 entidades de este tipo; por ello es relevante el esfuerzo que se realiza en tres municipios del estado de Durango (Durango, Gómez Palacio y Lerdo), donde se efectúa un ejercicio de coordinación entre las oficinas de medio ambiente de los tres niveles de gobierno, el cual está por concluir sus respectivas propuestas de ordenamiento ecológico territorial, algo no tan frecuente cuando tratan de ponerse de acuerdo en aplicar alguna regulación como sucede con el agua en esta región.
Precisamente ayer, en las instalaciones de una cámara empresarial, participamos en el último taller en el que se nos presentó la propuesta de ordenamiento ecológico territorial de Gómez Palacio, ejercicio que duró más de un año ya que debe cubrir diferentes fases como la caracterización y diagnóstico de la problemática ambiental que en esta entidad municipal también se ha generado, producto de la insuficiente planeación histórica de su desarrollo local.
De acuerdo a los resultados presentados en las dos primeras fases del proceso de ordenamiento, la caracterización y diagnóstico, denotaron una radiografía de la situación socioambiental y la problemática que se enfrenta, destacando que es una entidad local que ha tenido un importante crecimiento económico en actividades productivas agropecuarias, agroindustriales y manufactureras, con una expansión urbana articulada a una zona metropolitana, pero constreñida por sus vecinos, donde preserva una gran cantidad de localidades rurales a pesar de los procesos migratorios derivados de las crisis rurales como la del cultivo del algodonero y de la aplicación de las políticas neoliberales salinistas que desamortizaron una gran parte de las tierras y concesiones de agua ejidales, las cuales se transfirieron al sector empresarial del ramo.
Este crecimiento económico otorgó un liderazgo al municipio en algunas de esas actividades, pero también ha constituido un factor de presión sobre sus recursos naturales, ya de por sí limitados por el restringido espacio geográfico con que cuenta, donde de las 84,273 hectáreas que abarca, alrededor de un 72% es aprovechado para realizar actividades productivas agropecuarias e industriales, además de los asentamientos de la población, es decir, dispone de reducidos espacios que le permitan proyectar ampliar su crecimiento.
La propuesta que nos fue presentada ayer, la cual aún falta someterse a consulta pública antes de convertirse en un decreto que la haga obligatoria, ha delimitado el municipio en 18 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS), donde destacan cuatro clasificaciones: las áreas de aprovechamiento que abarcan el 72% del territorio municipal, diferenciadas entre aquellas que podrían destinarse a usos urbano-industriales, asociadas a la expansión de la cabecera municipal, principalmente en dirección del corredor articulado a la zona de conectividad, y las áreas de aprovechamiento agropecuario orientadas en el corredor interior del espacio rural regional; adicionalmente, las otras tres formadas por lunares que podrían destinarse a la conservación, restauración y protección del territorio.
Este municipio debe emprender un enorme esfuerzo para ordenar su territorio con un enfoque de sustentabilidad, ya que como contraparte al importante crecimiento económico que presenta, su espacio urbano-rural sufre un serio disturbio ambiental que no augura condiciones que posibiliten mejorar la calidad de vida de su población, es decir, a la par de la generación de empleos e ingresos para ésta, también debe crearse un entorno saludable, de ahí que este ejercicio de ordenamiento ecológico territorial que acertadamente ha iniciado y que constituye uno de sus proyectos más importantes en materia ambiental, sea una oportunidad para desarrollarse sosteniblemente, pero a la vez constituye un reto que deben enfrentar, ante el grado de dificultad que presenta, esta y las subsiguientes administraciones municipales.
