Fuero. Se convierten en las primeras órdenes de aprehesión del poder judicial contra servidores públicos, en este caso se trata de un juez federal.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la PGR obtuvo del juez séptimo de Distrito en Sinaloa una orden de aprehensión en contra de un juez federal, un representante legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un perito, por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y falsedad en declaraciones en informes oficiales en detrimento del patrimonio de CFE.
Se trata de las primeras órdenes de aprehensión otorgadas por el Poder Judicial en contra de servidores públicos que actuaron dolosamente en más de 200 juicios irregulares contra la paraestatal, que causó un fraude por mil 320 millones de pesos.
La PGR explicó, en un comunicado, que el juez mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, en un juicio civil actuó "dolosamente" al embargar la cuenta de la CFE para efectuar un pago indebido a una empresa por el que fue condenada la paraestatal, cuando esos bienes no eran susceptibles de embargo.
El otro probable responsable es Francisco Ladislao Rodríguez, quien como representante legal de CFE de manera intencional no ofreció pruebas ni interpuso el recurso legal procedente en contra de la sentencia condenatoria referida ni contra el embargo respectivo, lo que originó que las aludidas resoluciones no fueran revisadas y revocadas por un tribunal superior.
Otro implicado es Martín López López, perito en materia de topografía y valuación, quien con conocimiento de los hechos faltó a la verdad al concluir que la afectación sufrida al bien inmueble, propiedad de la empresa, con motivo de las líneas de transmisión eléctrica ascendía a una cantidad mayor de lo real.
Así, elementos de la Policía Federal de Investigación cumplieron las órdenes de aprehensión contra Soto Conde y Rodríguez Retes, toda vez que se encuentran internos en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito, en Los Mochis, sujetos a proceso penal ante el juez quinto de Distrito, por hechos similares en perjuicio de CFE.