En días pasados se reunieron funcionarios públicos de ambos lados del Río Nazas para tratar la gestión y asignación de los fondos metropolitanos que esperan recibir el próximo año, según los medios de comunicación uno de los asuntos contemplados en dicha reunión es el ordenamiento ecológico territorial de los municipios conurbados. En principio constituye una buena noticia la inclusión de esta cuestión dentro de la agenda de desarrollo metropolitano.
El ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de la política ambiental contenido en la legislación mexicana mediante el cual se pretende hacer compatibles las actividades productivas realizadas en un territorio con las aptitudes naturales que éste posea, con la finalidad de orientar su desarrollo hacia condiciones de sustentabilidad. Uno de sus aspectos fundamentales es ordenar el uso del suelo para evitar el crecimiento disperso e irregular de las áreas habitacionales, la infraestructura industrial, de servicios y demás, definiendo y delimitando su ubicación y función conforme a la disponibilidad de espacios y recursos naturales.
Si bien el uso del suelo es el principal elemento regulador del ordenamiento ecológico territorial, este instrumento de planeación del desarrollo también contempla el uso racional, sustentable, de otros recursos como el aire, el agua, la biodiversidad y la energía. De hecho, la aptitud natural de un territorio considera a todos estos recursos, puesto que no es posible que la población viva en condiciones de calidad de vida aceptable si respira aire o toma agua contaminados, o si destruye los ecosistemas y la biodiversidad existente en su entorno y contribuyan a limpiar las partículas contaminantes que circulan en la atmósfera, a recargar los cuerpos de agua dulce subterráneos o filtrar los flujos superficiales.
Ordenar un territorio es una tarea que enfrenta grandes retos, sobre todo cuando el uso que se le ha dado al suelo ha sido sin una planeación adecuada, tal es el caso en que se permite levantar construcciones para instalaciones industriales dentro de áreas habitacionales, comerciales o céntricas de las ciudades, la permanencia de explotaciones agropecuarias en la periferia de éstas, entre otros, pero mayor es el reto si no se hace con oportunidad, de otra manera los costos económicos, sociales, ambientales y políticos serán mayores y, por consecuencia, más difícil resultará vencer los obstáculos que se enfrenten.
No hay que perder de vista que el ordenamiento de una zona metropolitana no se limita a los espacios urbanos, sino que también debe considerar sus superficies rurales aledañas o que forman parte de su entorno jurisdiccional, ya que sería un error excluirlas como particularmente sucedería con las áreas naturales protegidas de Jimulco, Fernández y Sarnoso para Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, respectivamente, cuyos ecosistemas además de albergar una importante biodiversidad prestan servicios ambientales y recreativos que contribuyen a mantener una mejor calidad de vida para la población lagunera; no por que no estén pegados a la mancha urbana conurbada se crea que estén ambientalmente desconectados.
Durante el último medio siglo los municipios que conforman esta zona metropolitana han orientado su crecimiento y expansión urbana con dirección propia que les ha marcado una vocación, la cual, sin embargo, no les excluye ordenar su territorio. Torreón ha expandido su mancha urbana hasta prácticamente invadir sus espacios rurales en la llamada parte plana, destinando una gran parte de ellos a crear amplias zonas habitacionales para diversos estratos sociales que le ha permitido la mayor concentración demográfica regional, pero también destaca sus actividades de servicios financieros, educativos, gubernamentales y otros ligados a la agricultura, ganadería, industria y comercio, además de contener algunos clúster industriales.
A este municipio sólo le queda Jimulco como espacio rural en el cual sería un error se replicara el patrón urbanístico de la ciudad, o se le contemplara como fuente de abasto de recursos como el agua para cubrir el déficit actual, como se pretendió en algún momento usando para ello los mismos fondos metropolitanos.
Por su parte, Gómez Palacio, municipio con menor superficie disponible tiene un área urbana constreñida al quedar atrapada entre otras dos ciudades y partida por la vía del ferrocarril que le limita su flujo vial; es, sin embargo, un territorio que concentra una gran parte de la actividad industrial y agropecuaria regional. En este último medio siglo ha presentado un importante crecimiento económico que le ha marcado una vocación orientada en esas dos direcciones, algo que no ha logrado en el ámbito de los servicios y el comercio, además de que tales limitaciones de espacios urbanos restringen sus áreas habitacionales.
Esta municipalidad también ha saturado sus espacios rurales con actividades agropecuarias que le convierten en el más productivo de la región y el que aún retiene una parte importante de su población rural en comunidades y ejidos, pero que también presenta un alto grado de disturbio ambiental que presiona el suelo, agua, aire y la biodiversidad, quedando prácticamente solo el polígono del Sarnoso, compartido con Lerdo y Mapímí.
