La reunión de la semana pasada de directivos de Coparmex y del Consejo Lagunero de Iniciativa Privada con integrantes de la Comisión de Hacienda del Municipio de Gómez Palacio, Durango, es parte de un ejercicio entre gobernantes y gobernados, que requiere perseverancia y acierto.
Los resultados de la reunión fueron cuestionados en virtud de la inasistencia del Tesorero Municipal y porque los ediles llegaron con las manos vacías, sin la información que les permitiera siquiera dar a conocer la cuenta pública a los empresarios. Sin embargo la omisión de los munícipes vino acompañada de una explicación digna de ser atendida, en virtud de la cual denuncian que los funcionarios de la administración que encabeza la Señora Rocío Rebollo, les niega la información referida.
Lo anterior dio pie a que los dirigentes empresariales lanzaran una severa crítica a los participantes entre los cuales se encuentra el síndico Gabriel Villalobos (priista) y el regidor Gustavo Acosta (panista), quienes fueron calificados por los empresarios como ineficientes e ignorantes de sus funciones.
Se entiende el disgusto de los representantes de la Iniciativa Privada, pero el duro reclamo hecho a los miembros del Cabildo que al menos dieron la cara, no resulta ni justo ni completo si deja intocados a la Alcaldesa y al propio Tesorero Municipal, que además de estar ausentes, son los primeros responsables de la falta de información y transparencia.
Los miembros del Cabildo están obligados a exigir de la Alcaldesa y sus Directores la información que les permita supervisar el desempeño de las dependencias municipales, pero el deber de generar la información y ponerla a disposición tanto de los ediles como del ciudadano común que la pida, es una obligación a cargo de la propia Alcaldesa y de su equipo administrativo.
Como consecuencia de lo anterior, no basta que los dirigentes sociales o líderes de opinión hagan de su participación un reclamo más o menos severo, sino que es necesario distinguir en cada caso qué cosa resulta pertinente exigir a cada funcionario público de acuerdo a las obligaciones que a cada cual corresponden, en razón de la naturaleza de su puesto.
Los ayuntamientos son juntas de ciudadanos; el papel de los regidores es el de representar a la ciudadanía y su obligación esencial es la de participar en las reuniones de Cabildo con voz y voto, pues tal es el espacio político en el que se procesan los asuntos del Municipio, en la forma en que son operados por los órganos encargados de la prestación de los servicios públicos y de la administración propiamente dicha.
En el caso que nos ocupa, la denuncia de los ediles de partidos distintos entre sí que hicieron pública la opacidad de la estructura administrativa del Municipio, resulta congruente con lo que de ellos se espera y se advierte objetiva y exenta de interés partidista, lo que hace de tales regidores y síndico, elementos idóneos para interactuar con la ciudadanía. Sería lamentable que los regidores y síndico cumplidos sirvieran de pararrayos, mientras los verdaderos culpables permanecen intocados.
Sobre el tema de la transparencia, la divulgación de la información pública, la rendición de cuentas y otros derechos ciudadanos fundamentales, es frecuente incurrir en el error de que llegaron para quedarse en automático. Por el contrario, la experiencia indica que los pueblos que claudican en su exigencia del día a día en este punto o en cualquier otro, experimentan retrocesos lamentables.
La denuncia de los integrantes de la Comisión de Hacienda de Gómez Palacio, en el sentido de que la administración de Rocío Rebollo no les proporciona la información necesaria para realizar su papel de representantes ciudadanos, revela una peligrosa fractura entre gobernantes y gobernados, y a restañarla deben avocarse las exigencias de los dirigentes empresariales y del pueblo gomezpalatino en general.
