Colocado en el roll estelar como el villano de la película en "Presunto Culpable", hete aquí que el juez 26 de lo Penal en el Distrito Federal, Héctor Palomares Medina, acumula otra en el expediente por librar una orden de aprehensión sin tener competencia ni comprobar la validez de las pruebas exhibidas contra los acusados.
De hecho, hace unas semanas, en la fase previa a la exhibición de la cinta del escándalo, se le denunció ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. El caso se remite al pleito de dos años entre la cadena de franquicias Alsea y la cadena de restaurantes Italiannis, cuya manzana de la discordia es el incumplimiento por parte de la primera de un contrato de venta pactado el 14 de mayo de 2008. Como usted sabe, la firma que administra marcas como Burguer King, Starbucks Coffee, Kitchen Pizza y demás, ha perdido dos rounds en la pelea: Una sentencia de primera instancia y una resolución de un Tribunal Colegiado que le obligan a honrar la firma colocada en el papel.
Alsea se inconformó contra esta última.
Bien, pues entre las telas de los juicios el gigante de franquicias acusó a la contraparte de fraude procesal en pandilla, según ello por intentar vender las acciones de los 37 restaurantes de comida italiana integrados en la empresa denominada Grupo Amigos de San Ángel, sin haberlas librado de gravámenes. Los papeles, de acuerdo a la denuncia, estaban en poder del banco BBVA Bancomer, como prenda por el crédito no finiquitado.
La querella derivó en una orden de aprehensión expedida por el juez convertido en estrella de cine contra el principal accionista de la compañía, Víctor Eduardo Cachoua Flores, sus hijos Juan Carlos Cachoua Oropeza y Víctor Eduardo Cachoua Oropeza, además de los socios Gilbert Moncharmont y Guillermo Durand Cercas.
Lo inaudito del caso es que éstos nunca fueron convocados a declarar.
La amenaza de cárcel se conoció, tras entregárseles una orden de presentación girada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación Benito Juárez.
Ésta se expidió el cinco de agosto del año pasado, en tanto la orden de aprehensión girada por el juez Palomares Medina sería obsequiada un día después. Los acusados solicitaron de inmediato un amparo, que finalmente, el 12 de noviembre del año pasado, les otorgaría el juez undécimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF, Jacinto Figueroa Salmorán.
La resolución fue avalada por la exhibición de los originales de cancelación del endoso de las acciones que se habían dejado en garantía por el préstamo de Bancomer.
El documento está fechado el dos de junio de 2008, es decir 17 días después de firmado el contrato de compra-venta, pero dentro del plazo previsto para hacerlo efectivo.
Italianni's o el Grupo Amigos de San Ángel, pues, recuperó las acciones en tiempo y forma, con la novedad de que se trataba del único endoso contra ellas.
El propio banco avaló la liberación del adeudo. En el camino, los Cachoua y coacusados demostraron que el juez Palomares Medina invadió la esfera de competencia del juzgado quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada en los juicios para validar el contrato de la discordia.
Dicho con todas las letras, el togado, con la complicidad del ministerio público, intentó darle un giro de 180 grados a una resolución en firme que sería avalada por un tribunal de segunda instancia.
Según ello, tanto uno como otra no se habían dado cuenta de que Italiannis quería vender deudas en lugar de restaurantes. Ahora que la denuncia ante la Fiscalía para Servidores Públicos señala que al utilizar la figura "en pandilla" se demuestra la mala fe con la que se condujeron las autoridades.
Los denunciantes exigen acción penal contra el juez y el ministerio público.
De película... de horror.
Lástima que aquí no hubo cámaras para filmar la segunda parte: "El juez ataca de nuevo".
BALANCE GENERAL
Como lo anticipábamos en este espacio, el visitador designado para verificar si Vitro cumplía las condiciones reclamadas para darle luz verde a la demanda hostil planteada por tres fondos extranjeros para emplazarla a concurso mercantil involuntario, rindió un informe contrario a la expectativa de éstos.
La principal proveedora de vidrio en el país, pues, no ha incumplido con el servicio de 35% de su deuda por más de un mes, por tanto no procede la requisición.
El informe del visitador, José Luis Elizondo, al juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo se entregó a la media noche del miércoles de la semana pasada.
El siguiente paso de Vitro es impugnar la resolución provisional del Segundo Tribunal Unitario de Circuito en Monterrey, quien rechazó su solicitud para un concurso mercantil con acuerdo previo de reestructura de su débito de tres mil 400 millones de dólares.
JUNTOS Y REVUELTOS
De acuerdo a la acusación planteada por el Tucotel (Todos unidos contra Telcel), con excepción de Nextel, la filial de Teléfonos de México y la Telefónica México, es decir Movistar, se habrían coludido para validar un cobro de 95 centavos por minuto de interconexión, en afán de desplazarlos del mercado.
Estamos hablando de una práctica monopólica absoluta.
Como usted sabe, las firmas celebraron un convenio que mantiene la tarifa hasta 2014, en que bajaría a 64 centavos.
Lo inaudito del caso es el que se sienta en el mismo banquillo al magnate Carlos Slim y al ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ahora director general de Telefónica, a quienes se ubica como enemigos irreconciliables.
ACELERA LA CORTE
La guerra abierta entre las firmas de telefonía celular, aunada a la pasividad de la autoridad, está acelerando los tiempos para desahogar el punto final de un viejo litigio entre las firmas Axtel y Telcel, derivado de una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La manzana de la discordia, lo adivinó usted, son las tarifas de interconexión.
Resuelta una controversia a favor de Telcel, por más que éste se inconformó sin lograr el amparo promovido, la contraparte presentó su propia solicitud de protección de la justicia, cuyo desenlace, a solicitud del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls, fue atraído por la Corte. La exposición de motivos habla de "innumerables disputas provocados por el desacuerdo de las empresas del ramo que consideran excesivas las tarifas o, en el extremo, demasiado bajas".
BOMBA DE TIEMPO
Pendiente la promesa de Petróleos Mexicanos de clausurar la red de gasoductos obsoletos que atraviesan la capital de Jalisco tras la advertencia de los expertos de constituir una bomba de tiempo, hete aquí que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le acaba de dar su aval a la construcción de otra red de gasoductos, sólo que éstos de gas natural.
Ésta, promovida por la empresa belga Tractebel, cruzaría 26 zonas residenciales y tres industriales. Naturalmente, los tubos se entrecruzarían con instalaciones desarrolladas a lo largo de 100 años entre drenaje, tuberías de gas LP, tomas clandestinas, instalaciones eléctricas y de agua.
