La semana pasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los puntos para lo que se plantea como borrón y cuenta nueva en la posibilidad de que camiones de carga de nuestro país puedan ingresar a Estados Unidos.
Estamos hablando del enésimo "experimento piloto" o "programa demostrativo", en un escenario en que el país del norte ha colocado mil obstáculos para impedir el flujo comprometido en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La paradoja del caso, es que el nuevo acuerdo plantea prácticamente los mismos requisitos que los anteriores, lo que garantiza un nuevo naufragio. La larga lista habla de camiones nuevos, choferes bilingües, verificaciones de control ambiental casi permanentes, y exámenes de capacidad y conocimiento de las reglas de tránsito a los pilotos, con la novedad de que sólo pasan 100 empresas transportistas por país.
En paralelo, se reclama que las compañías que cruzan de un país a otro se regresen sin carga; que la calidad de los combustibles sea similar en los dos países; que se empate la legislación para emisiones de gases...
La misma gata, sólo que sin revolcar.
Como usted sabe, el último "programa demostrativo", en cuyo flujo cruzaban la frontera 10 empresas de allende el Bravo y apenas 28 de México, en su mayoría hombres-camión, lo suspendió unilateralmente la Casa Blanca, alegando que el Congreso le había levantado los fondos para la operación.
El argumento resultó tan burdo, que México se obligó a las represalias previstas en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando una de las partes incumple sus compromisos.
El ojo por ojo trocaba la suspensión por un aumento a sus aranceles o impuestos de importación de 90 mercancías, con la novedad de que la mayoría de los productos "castigados" no tenían flujo cotidiano hacia el país, vamos, son importaciones de escasa demanda. Para no ir lejos, la lista incluía árboles de navidad artificiales, croquetas para perros...
De hecho, a la vista del pellizquito al que se disfrazó como gancho al hígado al orgullo anglosajón, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga exigió pagar con la misma moneda, es decir cerrar las fronteras al paso de tráileres del país vecino.
El caso es que el nuevo intento está condicionado a que a su firma el Gobierno mexicano desmantele la mitad de los aranceles extraordinarios, borrando, a su operación, la otra mitad.
Por lo pronto, como el resto de sus antecesores, el esquema es temporal, lo que implicaría que las inversiones se quedarán en el terreno de lo incierto, en un marco en que, prevista la apertura desde 1977, tres años después del arranque del TLCAN, ésta ha sido pospuesta una y otra vez.
En el camino, México reclamó la instalación, bajo el margen del capítulo XIX de la negociación, en un panel de solución de controversia que le dio la razón, celebrándose no menos de 10 cumbres entre funcionarios de los dos países para limar asperezas.
El último "programa demostrativo" se abrió el 15 de julio de 2002, con la idea de prolongarse año y medio para alcanzar la apertura total. Sin embargo a petición de Estados Unidos hubo una extensión de dos años... que se cortaron abruptamente.
Para entonces, decíamos, sólo se habían inscrito 38 empresas de 200 posibles: 28 mexicanas, con una flota conjunta de 112 unidades, y 10 estadounidenses, con 58 unidades. En los escasos 15 meses transcurridos se realizaron, a la vera del esquema experimental, 40 mil cruces, de los cuales 30 mil fueron de camiones mexicanos y siete mil 20 de estadounidenses.
En casi un año y medio, pues, el flujo equivalió a un día de actividad normal para las aduanas de ambos países.
La mayor parte de la carga de México hacia su vecino del norte lo llenaron productos agropecuarios, entre ellos aguacate, ajos, frambuesas, fresas, retazos de pollo, miel envasada, garrafones de agua, guacamole, jitomate y jugos. Adicionalmente, la lista de 44 productos habla de tablarroca, cartón, cemento, calzado, cobre, estructuras para perforación, herrería, madera aserrada, papel para reciclar, partes para carros de ferrocarril, resina, plástico y maquinaria industrial.
De acuerdo a la regla prevista, la lista incluiría 12 entidades federativas del país y 20 de Estados Unidos.
En el caso de México la caravana la alcanzaban Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Distrito Federal, Coahuila, Puebla, Tamaulipas y el Estado de México. Del otro lado del río Bravo le alcanzaban Oklahoma, Arizona, Illinois, Texas, Nuevo México, California, Oregon, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Indiana, Idaho, Arkansas, Luisiana, Missisipi, Alabama, Florida, Ohio, Washington y Nueva York.
Regresamos, pues, al mismo punto, en otra finta de la Casa Blanca que, por lo pronto, le permitiría cancelar aranceles que tenían el efecto de un mosquito cerca del rostro.
La noticia es que acaba de plantearse ante la Comisión de Valores y Arbitrios de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), una denuncia contra la matriz mundial de Coca Cola, arguyéndose un presunto ocultamiento de información a los accionistas que participan en Bolsa.
Según ello, el presidente de la firma, Muthar Kent, ha negado públicamente que el Gobierno de México haya abierto una investigación en contra de su filial en el país, por supuesta omisión en el pago de impuestos bajo el cobijo de firmas outsourcing creadas por la misma compañía. La exposición de motivos señala que el asunto podría provocar un quebranto a la empresa y, en consecuencia, al valor de la acción en el mercado.
La querella la planteó Ray Rogers, director de Corporate Compaing Inc.
El respaldo se ubica en la Securities Exchange Act de 1934.
SONORA VICTORIA
En lo que parece el golpe definitivo contra la pretensión del Gobierno panista de Sonora de despojar de parte del agua del riego del fértil Valle del Yaqui para llevarla a la capital de la entidad federativa, la tribu Yaqui acaba de obtener una suspensión definitiva en una demanda de amparo en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La protección de la Ley anula el Manifiesto de Impacto Ambiental otorgado por la dependencia, a cuya vera se permitió la construcción del acueducto Independencia, que extraería el agua de la presa "El Novillo".
Indirectamente, pues, el golpe le impide al gobernador Guillermo Padrés Elías y al organismo Sonora Sí, seguir la construcción.
Como usted sabe, las organizaciones de productores agrícolas, porcícolas y demás que se oponen al despojo, en un escenario en que había otras alternativas para apagar la sed de los habitantes de Hermosillo, habían logrado dos amparos para impedir la continuación de las obras, que el gobierno local ha soslayado olímpicamente.
De hecho, la jueza que expidió el último de ellos ha amenazado con utilizar la fuerza pública.
