En un insólito provocado por la insistencia del Gobierno en abrir las fronteras de par en par sin reciprocidad al calce, se está integrando un frente común de trabajadores y empresas siderúrgicas para cerrarle el paso a la decisión de bajar a cero el arancel o impuesto de ingreso al acero.
La dedicatoria del regalito que prepara la Secretaría de Economía para entregarlo el primer día del año próximo, con los atentos saludos de su titular, Bruno Ferrari, apunta hacia el dragón chino, principal productor del planeta.
De acuerdo a la World Steel Asociation, el año pasado la producción de acero del país de la muralla alcanzó mil 413 millones de toneladas, lo que representa el 44% de la del planeta.
La medida que beneficia, naturalmente, a los países con los que México no ha firmado Tratados de Libre Comercio, es una más del ramillete que se ha venido imponiendo a lo largo del sexenio de forma unilateral, es decir, sin exigir el mínimo de reciprocidad a las contrapartes.
La filosofía es la misma que rige desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari: "La letra con sangre entra", es decir, si nuestros industriales no son competitivos, ya lo serán a palos.
Qué importa si los productos chinos salen de sus fronteras con apoyo gubernamental, vía subsidios y subvenciones, lo que nos coloca en un escenario de desventaja.
De hecho, aún sin el arancel cero, por más que éste ha bajado de un máximo de 15 y un mínimo de 10 a 5 y 3%, la competencia china está arrollando a las firmas nacionales, pese a la modernización de las plantas del Grupo Villacero o la posición de ventaja de Altos Hornos de México, que lleva más de una década en suspensión de pagos.
La producción conjunta del año pasado fue de 16.2 millones de toneladas, previéndose que para este año alcance 17.2, monto que, sin embargo, resultará insuficiente frente a una demanda interna de 20 millones.
El resto tendría que cubrirse con importaciones.
Sin embargo, la avalancha china está dejando las bodegas atiborradas, lo que provoca que algunas plantas trabajen a sólo el 50 o 60% de su capacidad instalada.
Las demandas por prácticas desleales de comercio contra los chinos se han multiplicado al infinito.
Por lo pronto, en una operación de pinzas, industriales y trabajadores, unos en defensa de sus plantas y otros de su empleo, están solicitando la intervención del Congreso ante la cerrazón de la Secretaría de Economía.
El jueves pasado, por ejemplo, el coordinador de la Alianza Minera Nacional, organismo que agrupa a 14 mil de los 23 mil afiliados al sindicato minero, Héctor Jiménez Coronado, se reunió con el presidente de la subcomisión de la Industria Automotriz en el Senado, Melchor Sánchez de la Fuente, para plantearle el problema.
El amago, se dijo, es para 50 mil trabajadores del ramo, la mitad de ellos con sede en Coahuila.
A su vez, desde su propia trinchera la Cámara Nacional de la Industria del Acero está cabildeando en las dos cámaras legislativas, en busca de frenar la caída de la guillotina.
La presión obligó, incluso, a crear un grupo de trabajo para atender el asunto.
Lo cierto es que hasta hoy los reclamos de los propios legisladores se han estrellado ante un muro de acero de la dependencia.
Acero chino a precio subsidiado para la industria automotriz, de la construcción y demás anexas, a costillas de multiplicar del desempleo en el país.
Total, la economía subterránea todavía está en oferta de empleo.
BALANCE GENERAL
La sorpresa llegó ante integrantes de la directiva del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, cuando el senador priista Francisco Labastida Ochoa les confió "en corto" que al no tener el apoyo de un grupo de sus compañeros de la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma fiscal será llevada al pleno hasta el primer periodo de sesiones... ¡del año próximo!
Previamente, sin embargo, el legislador había pronunciado un discurso en el que hacía el panegírico de la propuesta, señalando, entre otras cosas, que permitiría la incorporación de millones de remisos a la economía formal.
Según ello, en pocos años, México igualaría a Brasil en materia de captación, con una velocidad de 25%.
TELEFONÍA FIJA EN CAÍDA
¿Se acuerda usted cuando el magnate Carlos Slim aseguraba, hace una década, que en el corto plazo habría 25 millones de líneas telefónicas móviles en el país?
Bien, pues ya son 85 millones.
El problema es que el crecimiento está dejando de lado la telefonía fija, en un escenario en que el promedio del año pasado fueron sólo 100 conferencias por aparato.
De hecho, los ingresos en el ramo alcanzaron apenas 34% del resto de las telecomunicaciones. El monto fue de 10 mil 950 millones de dólares.
SU CASITA NO SALE
A partir de este lunes, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publique en su página de Internet su oferta de intercambio de certificados quirografarios, es decir, sin garantías específicas al calce, por bonos de deuda a pagar en siete años, la Hipotecaria Su Casita tendrá un plazo de 20 días para recabar la captación del 85% de sus acreedores.
El problema es que hasta hoy sólo alcanza al 30, dada la resistencia de los socios a aceptar las garantías exhibidas. La exigencia habla del 50% de las acciones.
FERRARI, REMISO
Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados votará una solicitud de la Comisión de Defensa Nacional para llamar a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari, para explicar su desdén a un exhorto para revertir la operación por medio de la cual la empresa estadounidense de traslado de valores Brink's se adjudicó el 100% de las acciones del Servicio Panamericano de Protección.
La operación viola la Ley de Inversiones Extranjeras que impide a las firmas del exterior participación en empresas transportistas.
Más allá, la advertencia de los legisladores hablaba de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la propia seguridad nacional al colocar en manos extranjeras el mando de un ejército de 8 mil custodios.
SE AMPARAN GASERAS
Hasta el fin de semana sumaban 40 las empresas distribuidoras de gas LP que han solicitado amparos contra la Ley de Ingresos para este año, al considerar que se afectan sus derechos al facultar el Congreso al Ejecutivo a modificar el precio del combustible cuando se ponga en peligro la economía de las familias.
De acuerdo a su aserto, el ordenamiento viola la Ley Federal de Competencia Económica, dado que esta determina que los precios deben liberarse cuando exista plena competencia en una región.
Como usted sabe, los costos del combustible los fija la Secretaría de Hacienda.
