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Palo en la Suprema Corte

Actitudes

JOSÉ SANTIAGO HEALY

Una de cal por las que van de arena...

Finalmente la Suprema Corte de Justicia dio palo a una más de las iniciativas liberales que pretendía desechar el artículo 7 de la Constitución de Baja California que reconoce en un ser no nacido todos los derechos de una persona desde el momento de la concepción.

Siete de once ministros de la Corte votaron a favor del dictamen que objetaba dicho artículo, pero se necesitaban ocho votos para derogarlo por lo cual se mantendrá vigente esta normatividad. Una disposición similar existe en San Luis Potosí que tras este fallo se espera que también sea respetada.

El debate sobre este caso cobró resonancia nacional toda vez que la Suprema Corte ha asumido en los años recientes una posición excesivamente liberal en este tipo de temas.

Falló a favor del aborto en el caso de la ciudad de México, en agosto de 2008, lo que abrió por vez primera en nuestro país la posibilidad legal de que las mujeres pudieran abortar sin más impedimento que llevarlo a cabo antes de las doce semanas de gestación.

El portal Wikipedia en español dice lo siguiente: "La legislación sobre el aborto en ciudad de México, junto a la de Cuba, se considera de las más liberales sobre el aborto en Latinoamérica, -siendo similar a la legislación sobre el aborto en Estados Unidos y más restrictiva que la legislación sobre el aborto en Canadá-.

"Esta isla legal en México hace que mujeres de otros estados de la República Mexicana se trasladan al Distrito Federal para someterse a un aborto inducido. Unas 52,484 interrupciones voluntarias del embarazo se han realizado en la Ciudad de México desde su despenalización en el año 2007 hasta el año 2011".

Lo mismo ocurrió con el matrimonio entre homosexuales, iniciativa aprobada en diciembre de 2009 por la asamblea legislativa de la ciudad de México y posteriormente ratificada por la Suprema Corte en agosto de 2010 con una variante adicional: todos los estados mexicanos fueron obligados a reconocer los matrimonios gays de la capital del país.

Otra vez la ciudad de México fue la primera entidad en América Latina en establecer esta modalidad legal para semejarse a Estados Unidos en donde se permite estas uniones, pero en apenas unas siete de las 50 entidades federativas.

Pero no todo quedó ahí, quince días después los ministros del máximo tribunal del país, bueno al menos nueve de los once activos, salieron a demostrar su ancha moral al declarar constitucional el derecho de los matrimonios entre homosexuales a la adopción de niños.

La ciudad de México estableció una vez más un precedente a nivel de América Latina en un tema tan delicado que ni siquiera fue sometido a un referéndum o plebiscito por parte de la Suprema Corte.

Por lo anterior resultaba preocupante que la Suprema Corte se involucrara en un asunto tan delicado como el derecho a la vida y cuestionara la ley de una entidad autónoma.

La propuesta de invalidar el artículo 7 de la Constitución de Baja California no surgió al interior de la Corte, pero era evidente el deseo de varios de sus ministros de neutralizar una normatividad que a todas luces les incomoda.

¿Hasta dónde tiene derecho la Suprema Corte para intervenir en asuntos legales y jurídicos que competen a los estados? ¿Por qué otras iniciativas como federalizar los crímenes de periodistas no merecen la misma atención del máximo tribunal de justicia de la nación?

Indirectamente el presidente Felipe Calderón se metió a la polémica al solicitar esta semana al Senado de la República modificar el Pacto de San José, firmado en México en 1981, en sus términos relativos a la protección de la vida desde la concepción.

No le faltaron las críticas a Calderón por supuestamente "partidizar" el debate que se libraba en la Corte cuando es exactamente lo que han hecho en estos años los perredistas en los temas del aborto, el matrimonio gay y las adopciones.

Por fortuna en esta ocasión quedó a salvo la Constitución de Baja California, pero no sabemos por cuánto tiempo más ante ese claro afán de la Suprema Corte y el gobierno de Distrito Federal de aprobar leyes que no concuerdan con los valores y la cultura mexicana.

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