"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."
Simone Weil
Para que el castigo cumpla su función en un sistema de justicia, ya sea como disuasivo o como retribución, es importante que sea proporcional al crimen. En caso contrario se convierte en simple venganza o incluso en agresión.
En estos últimos días se han dado a conocer sentencias que demuestran que en México no existe esa proporcionalidad. Édgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, quien secuestró, torturó, mutiló y asesinó a cuando menos cuatro personas, ha sido sentenciado a tres años de cárcel. José Luis González, propietario y director general de Publi XIII, ha recibido 1,955 años por fraude genérico.
A pesar de contar con 14 años de edad, El Ponchis ha mostrado inaudita crueldad. Ha reconocido haber cortado la cabeza o despedazado a sus víctimas. González incurrió en un fraude porque el esquema que ideó para vender autos a un precio bajo, que era colocar anuncios en los vehículos para generar ingresos, se desplomó cuando el Gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, prohibió esos anuncios.
Los argumentos para dictar sentencias reducidas a menores parten usualmente de la idea que los menores no saben lo que hacen y, por lo tanto, no deben ser considerados responsables de sus actos. Para las víctimas y sus familiares, sin embargo, esto equivale a una negación de la justicia.
Las estadísticas demuestran que los jóvenes de 14 a 29 años cometen la mayor parte de los crímenes violentos. La idea de que los adolescentes no son capaces de realizar actos de violencia no es, por supuesto, avalada por la historia. Los criminales y soldados adolescentes han sido con frecuencia los más crueles de todos.
El fraude de Publi XIII, en contraste, es un ejemplo de un colapso financiero provocado por la autoridad. La empresa ofrecía autos a un precio muy favorable gracias a que generaba un ingreso adicional con sus anuncios. La gente aceptó con entusiasmo la propuesta, pero el gobierno capitalino prohibió esa publicidad, que con anterioridad no había estado regulada. Los ingresos de la empresa se desplomaron y ésta cayó rápidamente en la quiebra. Es difícil saber si el esquema de los dueños de Publi XIII habría sido exitoso al final, pero no hay duda de que el derrumbe se debió a la prohibición intempestiva de los anuncios por el gobierno capitalino.
Los casos de El Ponchis y de José Luis González nos ofrecen un contraste extremo de la falta de proporcionalidad de los castigos en el sistema penal mexicano. Pero hay miles de ejemplos más en los tribunales y en las cárceles: personas que apenas pisan la cárcel por un homicidio, ya que cuentan con buenos abogados y dinero para repartir en los juzgados, frente a otras que permanecen privadas de la libertad durante años por robos de poca cuantía o por posesión de pequeñas cantidades de marihuana debido a que no cuentan con defensores capaces o con dinero para repartir.
La falta de proporcionalidad es muchas veces producto de acciones conscientes de los políticos. El gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, acaban de establecer penas especiales para el delito de "feminicidio", término que usted no encontrará en los diccionarios de la lengua española. La nueva legislación establece que un homicidio de una mujer se castigará con más severidad que el de un hombre en similares circunstancias. Si se hubiera promulgado una ley para castigar más la muerte de un hombre que la de una mujer, seguramente las organizaciones feministas y las de derechos humanos estarían protestando por la inequidad. Y tendrían razón.
ENDOSAR AL ERARIO
Una vez más se busca endosar a los contribuyentes la administración deficiente o fraudulenta de los sindicatos. El PRI está pidiendo que el gobierno entregue 21 mil millones de pesos para el fondo de pensiones que maneja el sindicato ferrocarrilero y cuyos recursos se esfumaron.
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