De aceptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta del ministro Fernando Franco sobre la pertinencia de los amparos que tramitan las firmas de telefonía contra resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de interconexión, el round, indirectamente, sería para Telcel.
De acuerdo a la propuesta de sentencia que se llevará al pleno el martes de Pascua, es decir, agotadas las vacaciones de Semana Santa, no se pueden considerar definitivas las resoluciones sobre la materia de parte de la instancia supervisora, toda vez que no existe certeza plena de que éstas repercutan al público consumidor.
Dicho con todas las letras, aun cuando se determinara por decreto bajar los costos de una empresa que paga por la interconexión a una red ajena, cuando las compañías del ramo no se pongan de acuerdo para cubrir una tarifa, el beneficio no necesariamente trascendería a los usuarios.
Según ello, éste depende del plan de negocios de los concesionarios, de sus estrategias de inversión, de su posición en el mercado y de un sinnúmero de aspectos comerciales propios de la industria.
Como usted sabe, el punto fino de la resolución era dilucidar si se pueden o no amparar las firmas contra resoluciones del órgano, bajo el prisma de si éstas son de interés público o corresponden sólo al ámbito individual.
La sentencia sentaría jurisprudencia frente a un escenario de confusión en que los jueces y los propios tribunales colegiados han planteado posturas contradictorias.
El caso más ilustrativo derivó de una exigencia de la empresa Axtel-Avantel, que se maneja en telefonía fija y móvil, a la Cofetel para imponer una tarifa de interconexión a Telmex-Telcel dada la imposibilidad de ponerse de acuerdo con ellas.
La respuesta de ésta fue fijar una tarifa inferior a la que cobraban las firmas del magnate Carlos Slim, con la novedad de que ambas buscaron un amparo. Lo que para Telmex-Telcel resultaba una baja incosteable, para Axtel-Avantel resultaba insuficiente.
El caso es que, mientras a la primera se le negó la protección de la justicia, a la segunda se le otorgó. Lo que para Telmex-Telcel era improcedente, pues, para Axtel-Avantel era válido.
De hecho, el asunto fue lo que motivó elevar la contradicción de tesis a la Suprema Corte, por más que el caso, a la par de otro que involucra a la propia Axtel-Avantel con la Telefónica México que opera bajo la marca Movistar, se atenderá por separado.
En este caso la propuesta de resolución correrá a cargo del ministro Sergio Valls.
Lo curioso del caso es que en un primer ejercicio, realizado en enero pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte había atendido el asunto, con la novedad de que en este caso se perfilaba una sentencia contraria a la aprobada por mayoría simple de tres votos contra dos.
De acuerdo a la tesis del ministro Luis María Aguilar, las resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de interconexión sí son de interés público, por tanto, no amparables.
El segundo round, pues, lo ventilará el pleno.
Lo cierto es que considerado por la propia Cofetel el asunto como crucial para empezar a cerrar frentes en la llamada guerra de gigantes que enfrenta en una esquina a Telmex-Telcel y en otra a Televisa-Televisión Azteca, además de 23 empresas de telefonía y televisión por cable, la presión ha sido de antología.
Legiones de cabilderos oficiales y oficialistas han desfilado en las oficinas de los 11 ministros, en medio de acusaciones de conflicto de interés de éstos filtradas a los medios.
De hecho, en la presión se sabe que uno de los ministros, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se excusaría de participar en el debate por sus ligas con Telmex-Telcel.
En la fase previa a su designación como integrante del pleno del máximo tribunal de justicia del país, el ministro que cobró fama por haber planteado una resolución que exigía condenar a funcionarios públicos por su responsabilidad directa e indirecta en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo que arrancó la vida de 49 niños, tuvo como cliente de su despacho a la firma hemisférica de telefonía celular del magnate Carlos Slim, América Móvil.
El calor, pues, seguirá creciendo a medida en que llega la hora cero: ¿Son inapelables las resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión, cuando sean la única opción de meter orden?
BALANCE GENERAL
Mientras la línea aérea Aviacsa se prepara para despegar el próximo 2 de mayo, Mexicana de Aviación sigue en el impasse, en medio de acusaciones de que se prepara su quiebra ordenada vía concurso mercantil.
De las siete opciones en la mesa sólo dos han ofrecido algún rasgo de seriedad: TC Group, que mostró al fin una parte de los 250 millones de dólares reclamados para liquidar al personal y tener un mínimo de capital de trabajo, y el inversionista Iván Barona en lo individual, quien ya planteó un proyecto de corto plazo, aunque sin exhibir liquidez.
El resto, es decir BMC, Avanza Capital, AHCORE INT'L, Logística Internacional y Value Growers, siguen en el limbo.
La bolita, como usted sabe, después de la "quemada" del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, está en manos del administrador de la línea aérea en concurso mercantil, Gerardo Badín, quien está excediendo sus precauciones para evitar otro derrapón.
El problema es que la última palabra la dará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien se tardó dos meses en resolver si era viable el rescate de Aviacsa.
FRENAN A LARREA
Finalmente, ante la presión de las comunidades aledañas, el Gobierno de Perú frenó la posibilidad de una inversión de mil millones de dólares por parte de la joya de la corona del "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, Southern Cooper.
Estamos hablando del proyecto Tía María en la región de Arequipa, es decir, la apertura de una mina del producto que le permitirá a la firma incrementar su producción en 120 mil toneladas anuales.
Los pobladores inconformes hablaban de que la planta se llevará el agua de riego disponible y provocaría problemas de contaminación que erosionarían sus productivas tierras. La empresa había prometido utilizar agua de mar.
REAPARECE VILLACERO
Después de un largo impasse tras la venta de su planta siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al capital hindú, al parecer ante el hartazgo de sus discrepancias con el sindicato minero, reapareció el grupo Villacero de Julio César Villarreal, anunciando una inversión de tres mil millones de pesos.
La compañía construirá tres plantas de varilla corrugada y demás insumos para la construcción en Nuevo León, Tamaulipas y Baja California. La apuesta se sustenta en tecnología de punta.
