Defensores de derechos humanos y periodistas pidieron al Gobierno Federal que establezca mecanismos efectivos de protección para que puedan ejercer sus funciones, pues están en peligro permanente al incrementarse las amenazas, agresiones y homicidios en su contra, evidencia que en México existe un grave retroceso en materia de derechos humanos y aún prevalece la impunidad.
Esta es la declaratoria del Cuarto Encuentro Nacional de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que convocó a alrededor de 30 organizaciones no gubernamentales y comunicadores de todo el país, quienes demandaron que el Estado mexicano muestre voluntad política para cambiar este panorama y sea congruente con sus obligaciones internacionales.
Ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se dieron a conocer las conclusiones de dicho encuentro, en las que destacaron que "la situación de los derechos humanos en México ha sufrido un grave retroceso; está marcada por la impunidad; el contexto de violencia o de la mal llamada guerra contra el narcotráfico ha difuminado los derechos y la seguridad de las personas en general".
Los activistas y periodistas acusaron que "son alarmantes los mensajes incongruentes del Estado con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como son la ley de seguridad nacional, la militarización, la aplicación del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos".
Indicaron que entre los síntomas de este retroceso en el país prevalece la impunidad en las violaciones de derechos humanos en el marco de la guerra antinarco, así como el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la falta de aplicación de medidas de protección ordenadas al Estado mexicano por organismos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
En este escenario indicaron que los defensores de garantías y periodistas "nos encontramos en peligro permanente. Se han incrementado las amenazas, hostigamiento y actos violentos, asesinatos contra este grupo, e inclusive el asesinato de sus familias".
Reiteraron que es importante contar con un mecanismo eficaz de protección de defensores y periodistas, para lo que se requiere "la voluntad real del Estado" y la asignación de recursos para su implementación.