Firma. César Esquinca, consejero del CJF, y María del Rocío García Gaytán, presidenta del Inmujeres, suscribieron un convenio.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidió al Presidente Felipe Calderón que, en caso de tener pruebas de corrupción contra jueces, las presente y proceda a denunciar para que se inicien las investigaciones.
En respuesta a las declaraciones de Calderón, quien primero acusó a jueces de recibir dinero de la delincuencia y luego pidió una depuración de los poderes judiciales, Jorge Moreno Collado, consejero del CJF, señaló que no se puede sancionar con generalidades.
"Del señor Presidente de la República, como de cualquier otro ciudadano del país, si tiene algún elemento específico, si tiene alguna prueba específica o alguna sospecha fundada del mal comportamiento de un juez, esperaríamos que nos lo dijera, para que pudiéramos proceder a la investigación correspondiente", comentó durante la ceremonia en la que la Barra Nacional de Abogados le otorgó la Medalla al Mérito Jurídico "Vasco de Quiroga".
Moreno Collado garantizó que, en caso de que las acusaciones contra juzgadores sean fundadas, la Judicatura sancionará a los responsables.
"Tenemos un sistema de estricto y de respeto absoluto a la autonomía e independencia de los jueces, pero al mismo tiempo estamos vigilantes permanentemente de su actuación, y si advertimos que hay desviaciones o traición al Poder Judicial, actuamos en consecuencia, imponiendo las sanciones, como ya se ha demostrado en los casos recientes que toda la opinión pública conoce", señaló.
No obstante, remarcó que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a la que le corresponde indagar a quienes pudieran estar involucradas en los depósitos realizados en favor de Esiquio Martínez, el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa encarcelado por un presunto enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos.
Indicó que no haría comentarios sobre los depósitos que el juez Álvaro Tovilla León y algunos abogados litigantes hicieron al secretario hoy preso en el Reclusorio Norte, hasta que la PGR determine la situación de todos ellos.
En tanto, César Esquinca, también consejero del CSF, consideró que la no ratificación del magistrado federal Miguel Ángel Ramos Pérez, por el presunto acoso laboral a una subordinada, es una sanción que contribuye a prevenir la discriminación de las mujeres en los juzgados y tribunales, aseguró, de la Judicatura Federal.
