Organizaciones civiles que integran el Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia de Oaxaca, pidieron al gobernador Gabino Cué la constitución de una Comisión de la Verdad que indague y castigue a los responsable de al menos 20 muertos y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006, cuando la APPO organizó un movimiento para que renunciara el entonces mandatario Ulises Ruiz Ortiz.
El actual gobierno creó la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para indagar los hechos del 2006 durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero el titular renunció porque algunas organizaciones sociales y políticas consideraron inapropiado su nombramiento, por lo cual la dependencia continúa acéfala.
Los integrantes del Espacio Ciudadano por la Verdad y Justicia de Oaxaca consideraron que "La Fiscalía tiene acotadas sus funciones a la investigación de asesinatos de líderes sociales, no cuenta con personal y presupuesto necesario para este fin, después de seis meses de creación, la Fiscalía no existe formalmente porque no se ha publicado el Acuerdo respectivo que explicite sus facultades y funciones".
Entre las organizaciones que piden al gobierno de Gabino Cué Monteagudo una Comisión de la Verdad se encuentran el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, la Facultad de Derecho de la UABJO, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe y Unitierra.
Así como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Colectivo Mujer Nueva, Calpulli, Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, LIMEDDH-Oaxaca, CMPIO, Ojo de Agua Comunicación, Comunidades Eclesiales de Base, CECI A.C., CODECI, Organización de Agricultores Biológicos y la Sección 22 del SNTE.
La Fiscalía es un órgano dependiente de la Procuraduría, "cuando mucho podrá establecer una verdad jurídica derivada de los procesos penales, pero no histórica.
"Una Fiscalía no puede hacer una valoración sobre los hechos sucedidos. La verdad histórica puede frustrarse si se atiende sólo al proceso judicial, se trata de garantizar un proceso mucho más amplio en el cual participan activamente diversos sectores de la sociedad para garantizar la recuperación de la memoria", indicaron.
El colectivo considera que una Comisión de la Verdad "es un órgano autónomo que permite romper con el pasado autoritario, al promover la rendición de cuentas y la transparencia respecto a los actos y omisiones de los gobiernos que han violado los derechos humanos y las garantías individuales, así como los derechos de los pueblos indígenas, como ha sido plenamente demostrado en diversos informes de derechos humanos, la Recomendación 15/2007 de la CNDH y la Resolución de la SCJN en el Caso Oaxaca".
